El Gobierno celebró el 2,8% de inflación de abril, menor al registro del 3,7% de marzo, pero mayor a todos los indicadores mensuales desde septiembre del 2024. En octubre 2024 había sido de 2,7%, en noviembre de 2,4%, en diciembre de 2,7%, en enero de 2,2% y en febrero de 2,4%. No es para festejar, cuando la inflación anualizada es del 47,3%, un registro que no iguala la actualización promedio de los ingresos populares, especialmente salarios y jubilaciones. Observando en detalle, el rubro “alimentos y bebidas”, el de mayor incidencia en la canasta de gastos creció el mes pasado al 2,9%, por encima del promedio mensual. En el detalle de ese registro se destacan subas del 5% en la carne picada, del 8,8% para el pollo, del 10,7% para el filet de merluza, o el 12,5% para los huevos de gallina, por solo mencionar algunos productos muy importantes de la canasta de consumo popular.

Durante la gestión Milei se estima que las/os trabajadoras/es del sector privado perdieron, en promedio, casi dos millones de pesos, siendo muy pocos los que lograron actualizaciones en paridad con la evolución de la inflación o que pudieran superarla. Los trabajadores estatales perdieron más de 5,3 millones de pesos, siendo los principales afectados por la política del ajuste y la motosierra. El salario mínimo es más bajo que los registrados a comienzos de la década del 90 del siglo pasado. Cada jubilada/o perdió uno 3 millones de pesos en el periodo. (Datos de MATE: mirador de la actualidad del trabajo y la economía).

La inflación en la Argentina es un problema de larga data y está asociado a la disputa del poder económico del excedente económico socialmente producido. El conjunto de bienes y servicios producidos en un año, el producto bruto, tiene su equivalente en el ingreso, esencialmente entre salarios y ganancias. En esa disputa pierden los ingresos salariales y en el sector de las ganancias, perciben una porción mayor los sectores más concentrados, que en buena parte son los principales fijadores de precios.

BAJAR LA INFLACIÓN

El Gobierno sabe que la principal demanda de la sociedad argentina es la baja de la inflación, motivo central de la opción electoral por Javier Milei en 2023 y en la perspectiva de la elección de medio término en 2025. Desde esa certeza, la política económica definió las anclas para inducir una baja del indicador inflacionario. Una es el ancla cambiaria y la otra la salarial.

La política cambiaria apunta a la contención del tipo de cambio, por lo que demandó ayuda del FMI y del gobierno de EEUU, con un ingreso por ahora de 12.000 millones de dólares, más el des-ahorro de sectores medios que atesoraron dólares en los últimos tiempos y ahora los liquidan para cancelar consumos en alza, caso de alquileres, medicina prepaga o cuotas de la educación privada, entre otros. Esa oferta de dólares más las liquidaciones de productores y exportadores favorece la tendencia a la contención de la divisa para frenar el traslado a precios. El efecto de esta política es el crecimiento de las importaciones, los viajes al exterior y en definitiva un impacto recesivo en la producción local. En este sentido actúa el anuncio de baja de retenciones a telefonía celular, computadoras y otros artefactos del hogar, que impactan negativamente en la producción de Tierra del Fuego.

Se trata de un gobierno liberal que no respeta los acuerdos paritarios entre trabajadores/as y patrones, instalando el ancla salarial, que explica la pérdida de ingresos que antes mencionábamos.

La política de precios y salarios es de una fortísima intervención estatal, contrario a lo sostenido en el discurso ultra liberal del gobierno de Milei, pero intenta ganar voluntades electorales, como lo prueba el consenso electoral porteño, para avanzar en mas y profundas reaccionarias reformas, en lo laboral y previsional, o sea, mas ajuste y miseria para la mayoría empobrecida de la población argentina.