Los primeros meses del gobierno de Javier Milei están marcados por altos niveles de intensidad y vaivenes económicos y políticos. El duro ajuste en marcha y el programa de reformas estructurales enfrentan una dinámica que el Gobierno Nacional no solo no esperaba sino que ni siquiera preveía. De manera drástica y rápida Milei navega frente a una lección difícil de digerir: las políticas públicas no son asimilables a los modelos de mercado.

En los modelos que tiene el Presidente en la cabeza los resultados políticos surgen de procesos que tienden al equilibrio de fuerzas de manera similar a los equilibrios que surgen “espontáneamente” en el mercado a través de la inversión y la competencia. Es decir, las distintas esferas de la representación política y de su base social deberían organizarse siguiendo la lógica del mundo de las empresas privadas que operan en un mercado “óptimo”. Es este esquema que lleva al Presidente a una postura por momentos dogmática y a una dinámica ofensivista que lo condiciona para avanzar en el plan de reformas estructurales.

Llevar las riendas del Estado implica lograr equilibrios que no son más que los resultados de pujas y acuerdos políticos entre actores socialmente muy heterogéneos. No se trata de empresarios buscando maximizar ganancias y “liquidar” a la competencia porque a través de la innovación y la inversión obtienen el producto más barato y de mejor calidad del mercado; sino de partidos políticos, sindicatos, corporaciones empresariales, y todo tipo de grupos de interés ligados y organizados por cuestiones como el territorio, la clase social, la identidad política, el género, entre otras.

El ejemplo de la caída de la “ley ómnibus” en el Congreso ofrece una muestra de esta incomprensión. Frente a su caída la respuesta del Gobierno Nacional fue el “ahogo a las provincias”. Así, el Presidente se encontró con fenómenos como que las transferencias a las provincias no podían cortarse unilateralmente sin generar fuertes resistencias hasta de sus propios aliados políticos, de los docentes que no están dispuestos a resignar la parte de su salario que cobran por el FONID, y las recomendaciones del FMI para cuidar la cuestión social y la gobernabilidad.

Tan abrumador fue este encuentro con la realidad política que Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso llamó a sus pares a una negociación política. Sin embargo, el llamado a la negociación parece no ser claro, abre una puerta pero nadie sabe si es para entrar y poder salir. El Presidente ofertó a los representantes de las provincias un alivio fiscal a cambio del apoyo a las reformas estructurales que la malograda “ley ómnibus” promete. Las dificultades políticas del diseño conciliador se apoyan en que el contenido de la ley no se negocia. Es decir, lo que cambió es la forma en la cual se busca ese apoyo: ahora se está dispuesto a modificar el esquema fiscal para garantizar la viabilidad política de una reforma integral de las regulaciones económicas y sociales en la Argentina.

En este contexto el éxito no está asegurado. En estos casi tres meses desde la asunción, Javier Milei no pudo encontrar las formas políticas que den viabilidad al contenido de su proyecto económico. Y tampoco pudo encontrar la fórmula política o el diseño de gestión que le dé un peso específico y distintivo a cada ministerio.

Ello no quiere decir que el avance en el ajuste no ofrezca créditos en la opinión pública. El ajuste de la política era una faceta importante de su programa pero lo que se aleja a cada paso es la posibilidad de lograr consensos mayoritarios, tanto sociales como parlamentarios, para alcanzar en un tiempo corto la mayor transformación institucional y económica del país.