La pobreza en Argentina se ha constituido como una problemática que preocupa cada vez más al conjunto de la sociedad. Estadísticas publicadas recientemente por el INDEC indican que el 36,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, y el 8,8% en situación de indigencia, destacando los niños, niñas y adolescentes como el grupo de edad más afectado: 50,9% de las personas entre 0 a 14 años son pobres. A pesar de observarse una reducción de 0,8 puntos porcentuales en la pobreza respecto al segundo semestre de 2021 (informe técnico Vol. 6, n° 184, INDEC), la evolución de este fenómeno durante el último cuarto de siglo parece encontrarse en un espiral de crecimiento acelerado, donde episodios como la pandemia producida por el virus del COVID-19, no hacen más que acentuar dicha tendencia.

La inflación ha sido un condimento extra en este cóctel nocivo para los sectores de ingresos medios y bajos. El pasado agosto el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) registró un incremento del 7% mensual y del 78,5% en la comparación interanual. Entre los aumentos, se destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque también se registraron incrementos significativos en los servicios de agua, electricidad, gas, y combustibles (informe técnico / Vol. 6, n° 167, INDEC).

El resultado es evidente: un aumento creciente de personas en situación de calle, familias enteras buscando algún artículo de valor o incluso comida en la basura, y timbres de edificios que no dejan de sonar al grito de: “Disculpe, ¿no tiene algo para dar?”. Debe decirse que, como la pobreza es un fenómeno multidimensional, sus efectos no afectan únicamente el ingreso económico de las personas, sino que por mencionar tan solo algunos ejemplos, el acceso a los servicios de salud se ve reducido - debido a la relación regresiva entre el gasto de bolsillo y los niveles de ingreso -, y el desempeño educativo de los niños y niñas disminuye afectando sus niveles de aprendizaje.

Dado este escenario, cabe preguntarse: ¿Qué ha hecho el Estado para combatir la pobreza? Ciertamente, los esfuerzos han sido muchos. Durante los últimos veinte años hemos visto un largo desfiladero de políticas sociales, programas de inclusión, y seguros de empleo que han intentado dar batalla: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en 2002; el Programa de Empleo Comunitario en 2003 - cuyo antecedente, el Programa de Emergencia Laboral (PEL) data de 1999 -; el Programa Familias por la Inclusión Social en 2005; y la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009 son ejemplos de ello. Complementariamente, ese mismo año se lanzó el Programa de Ingreso Social con Trabajo, actual Potenciar Trabajo. Los objetivos de dichas iniciativas han rondado la mejora en las condiciones de concurrencia escolar, el aseguramiento de los controles de salud de los niños/as, la capacitación a los beneficiarios/as, y la generación de condiciones que permitan lograr la inclusión social y laboral de los desocupados.

Al respecto, según información publicada por el Ministerio de Economía, el gasto en servicios sociales representa para el 2022 el 67,3% del presupuesto nacional, dentro del cual la promoción y asistencia social, y la seguridad social acumulan el 51,7%. Por ello, no cabe duda que el gasto social es un eje prioritario en la agenda pública. Asimismo, más allá de los cambios de gestión y el color político de las administraciones sucedidas durante los últimos años, las políticas públicas en torno a la pobreza han logrado sostenerse. Sin embargo, sea por los motivos que fuere, su desempeño ha mostrado ser insuficiente no existiendo evidencia que demuestre el cumplimiento de su propósito.

Resolver la problemática de la pobreza requiere de una firme decisión política que permita corregir las reglas de juego y planificar un país a largo plazo. La generación del empleo genuino no puede estar librado a la fe, o a la buena predisposición de los actores en escena. Por ello, disminuir la emisión monetaria, y corregir el actual contexto de presión fiscal deben ser los primeros pasos en la larga escalera de la estabilidad macroeconómica. Al mismo tiempo, el Estado deberá ser capaz de lograr un equilibrio entre garantizar la contención social a los sectores vulnerables e implementar políticas públicas que generen impacto. Establecer incentivos a la producción es otro paso impostergable, el cual permitirá el desarrollo de inversión puesta al servicio de la producción y por consiguiente a una mayor oferta de trabajo.