Superávit de Milei: inhumano, antifederal e insostenible

El último informe de ejecución presupuestaria difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (mayo 2024), sostiene que al finalizar el primer cuatrimestre de 2024 la Administración Nacional obtuvo un superávit financiero de $0,8 billones en contraste con un déficit de $1,9 billones obtenido en igual período de 2023 (-115,5% interanual (i.a.) en términos reales). El superávit primario acumulado, que no incluye el pago de los intereses de la deuda, ascendió a $3,9 billones en contraposición al déficit primario de $1,0 billón de un año atrás (-222,3% i.a. real).

INHUMANO

La reversión del rojo fiscal se llevó a cabo sobre la base de un feroz ajuste del gasto público que impacta sobre la calidad de vida de la población. En el primer cuatrimestre del año se produjo una caída real acumulada del 28,6% interanual en el Gasto Público. No solo se trata de un recorte en gastos de funcionamiento del Estado, el mayor peso en el ajuste del gasto se ha realizado sobre los sectores más vulnerables: los jubilados y jubiladas, los comedores comunitarios, los beneficiarios de programas sociales y los trabajadores públicos. De allí lo inhumano de este superávit que festeja el gobierno nacional. Repasemos los números.

Las jubilaciones y pensiones es el rubro del gasto que mayor aporte hizo al ajuste total. De cada 100 pesos ajustados, 36 fueron recortes de haberes jubilatorios. Esto se tradujo en una caída en términos reales del 28% del gasto destinado a los jubilados, consecuencia del desacople entre la fórmula de movilidad y la inflación que no llegó a compensarse con los bonos que otorgó el Gobierno Nacional a los beneficiarios de haberes mínimos. El Gasto en Personal cayó un 15% en términos reales producto de la no recomposición salarial y el despido de trabajadores públicos; su incidencia sobre la reducción del gasto total fue de 1,6 puntos porcentuales (p.p.). En términos de Gasto en Personal, el Poder Legislativo es el que realizó el mayor ajuste, con una caída en las erogaciones reales del 22,8% interanual; seguido por el Poder Judicial (-18,6% reali.a.). Si a ello le sumamos los gastos de funcionamiento del Estado (Bienes y Servicios), el recorte en la estructura estatal alcanza 2,4 p.p. del total recortado. Otra partida con fuerte ajuste es la destinada a política alimentaria con una caída real del 53% respecto al mismo periodo del año 2023 en la compra de alimentos para comedores comunitarios y merenderos.

ANTIFEDERAL

Los gastos en capital, rubro que hace referencia a la obra pública que Nación realiza en los distintos territorios provinciales, es el segundo en incidencia sobre el ajuste total, representando 4,8 puntos de los 28,6 recortados. Por cada 100 pesos que ajustó el Gobierno $17 fueron por bajas en inversión de infraestructura y bienes de capital. Se trata de recortes en obras viales (rutas y caminos), en educación (Conectar Igualdad), infraestructura hidráulica y transporte. Además, una fuerte caída en las transferencias de capital, recursos que el Estado Nacional envia a las provincias y municipios, a las empresas públicas y a fideicomisos para la realización de obras. Las transferencias a las provincias (corrientes y de capital) sufrieron un recorte inédito del 85% en términos reales, principalmente motorizados por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente- FONID- solo ejecutado en enero, y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que experimentaron caídas del 55% real interanual. Otro ítem a destacar es el ajuste a las Universidades Nacionales que fue del 29% real interanual.

La baja ejecución de subsidios a la energía y al transporte suma, en conjunto, casi 4 puntos al ajuste, resaltando el carácter inhumano y antifederal de este equilibrio en las cuentas públicas.La quita de subsidios al transporte no solo aprieta más el bolsillo de los laburantes a través de la suba del boleto de colectivos y trenes, sino que es profundamente antifederal ya que se eliminó el Fondo Compensador al Transporte Automotor de Pasajeros del Interior, una partida que Nación enviaba a cada provincia para compensar tarifas; mientras que los subsidios al AMBA no se han eliminado completamente. En el sector energético tiene peso la caída en las transferencias a CAMMESA que tiene por destino atender la brecha entre costos de generación y las tarifas que pagan los usuarios finales. Al mismo tiempo que se acumuló deuda con esta empresa, se produjo una reducción en los subsidios destinados a la energía eléctrica y al gas que se traduce en fuertes aumentos en las tarifas que empiezan a llegar a los usuarios, impactando en el poder adquisitivo de las familias y, principalmente, en los costos de todo el entramado productivo industrial y comercial del país.

INSOSTENIBLE

El superávit alcanzado tiene como cimientos el ajuste del gasto y no la mejora en los ingresos fiscales, lo cual lo vuelve insostenible en el tiempo. La estructura tributaria argentina es profundamente pro cíclica, esto quiere decir que las principales fuentes de recaudación tributaria se mueven con la actividad económica. La caída en la actividad trae consigo la reducción real en la recaudación (IVA, Ganancias, Imp. al Cheque, Combustibles y Bienes personales), siendo los tributos vinculados al comercio exterior o al dólar los únicos que sostienen los ingresos impositivos en la actualidad.

En primer lugar, el Impuesto País, con un crecimiento del 431% acumulado en abril contra abril del año pasado, cuya alícuota fue incrementada apenas asumido el nuevo gobierno libertario. En segundo lugar, los Derechos a la Exportación, que crecieron un 69% durante el mismo periodo.

Por el lado de la caída de la recaudación el mayor peso lo tuvo el Impuesto a las Ganancias que cayó un 36,5% real i.a., el Impuesto al cheque que cayó un 8,1% y Bienes personales con una caída del 67,6%.

Por último y aunque no conforma los ingresos tributarios, los recursos de la seguridad social muestran una caída del 21%, lo cual pone sobre la mesa la problemática laboral (salarios, informalidad y despidos) que se agudiza con la crisis.

Además de la insostenibilidad por el lado de los ingresos, el propio ajuste del gasto representa un límite fáctico. Una vez que el recorte de determinadas partidas sea demasiado pronunciado o en algunos casos llegue a cero, el Estado no podrá seguir ajustando ya que necesitará sostener infraestructuras y/o cancelar deudas por cesación de pagos; un ejemplo de ello es el caso de la deuda con empresas generadoras de energía eléctrica sobre la cual el gobierno ya está proponiendo mecanismos para su cancelación. El carácter antifederal del superávit también supone un límite, en tanto los gobernadores demuestren su inconformidad por el impacto que el ajuste tiene sobre sus territorios; un ejemplo ha sido el de la provincia de Chubut ante el recorte de Nación de las transferencias por coparticipación, que supuso un conflicto manifestado por el propio gobernador a dos meses de iniciado el gobierno de Milei. Por último, existe un límite o tolerancia social ante el ajuste. La pérdida de calidad de vida y de derechos conquistados llega a un mínimo aceptado por la sociedad a partir del cual las presiones sociales se exacerban, como lo fue la marcha multitudinaria en contra del desfinanciamiento de las Universidades.

El carácter antihumano, antifederal e insostenible del superávit socaba sus propias bases y enciende luz amarilla a la viabilidad del plan económico de la nueva administración nacional.