La Argentina se encuentra en una delicada situación en la que coexisten tres crisis irresueltas. La crisis de 2008-2009 puso de manifiesto las limitaciones de la economía, principalmente en la restricción externa que comenzó a detonar en el año 2012. La crisis de la deuda externa con el FMI tomada por el ex presidente Mauricio Macri que desembocó en una recesión entre los años 2018 y 2019. Y la crisis del COVID 19.

Este deterioro, a nivel laboral se expresa en tres fenómenos que abren a su vez tres grandes dilemas y que conviene prestarles cuidadosa atención. El primero es la existencia de una proporción cada vez mayor de trabajadores asalariados registrados que son pobres. Este fenómeno manifiesta una tendencia creciente desde el año 2017. De acuerdo a datos publicados por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), la cantidad de trabajadores asalariados registrados que se encontraban en situación de pobreza se duplicó respecto a ese año, ascendiendo al 17,5% en 2021. Esta tendencia marca que para una fracción importante de los asalariados, el empleo registrado tendería a dejar de ser una garantía para no ser pobre en la Argentina.

El segundo fenómeno es la pauperización del universo de los/as trabajadores/as informales. Datos del Observatorio de la Deuda Social en Argentina (ODSA-UCA) muestran que desde el año 2012 la cantidad de trabajadores con empleo precario viene descendiendo a la par del crecimiento del subempleo inestable (el trabajo de subsistencia a través de changas intermitentes). En el año 2010 este segmento representaba el 10% de la población económicamente activa (PEA), mientras que en el año 2021 esa cifra se duplicó representando al 20%. En otras palabras, la situación de las personas con trabajo no registrado tiende a empeorar hacia el trabajo de subsistencia.

El tercer fenómeno es el crecimiento de los planes sociales en los sectores más vulnerables debido al deterioro laboral. Si se consideran los 24 partidos del Conurbano bonaerense, que es la zona con mayor cantidad de planes, desde el año 2017 no han parado de crecer. Al tomar como referencia el año 2016, cuando todavía era relativamente baja la cantidad (124mil aprox), los planes tuvieron un incremento porcentual del 269% al año 2021. En concreto, cada vez es mayor la cantidad de personas que dependen de un programa social para poder trabajar.

El panorama no parece ser alentador. En el caso de los trabajadores asalariados, la merma se encuentra en las paritarias a la baja y en la inflación que avanza sobre el salario a un ritmo alarmante dado que se espera terminar el año con un 90% aproximadamente. A este contexto se le sumarán los ajustes en los servicios públicos anunciados por el gobierno nacional.

Para el caso de los trabajadores de subsistencia y de los receptores de programas sociales, la situación es en extremo delicada. Si bien el gobierno nacional anunció el programa “Puente al Empleo” que pretende convertir 200.000 planes sociales en trabajos formales, dicha cifra representa solamente al 17% de los receptores del programa “Potenciar Trabajo”. Esa sería la porción en condiciones de incluirse al mercado formal de trabajo.

Sobre el resto recae un problema que al momento es absorbido por la “economía popular”. Según datos de la ANSES presentados en un informe de la Dirección General de Planeamiento, de los 9 millones de trabajadores informales y desempleados que accedieron al IFE durante la pandemia en 2020, solamente el 9,3% tuvo al menos un mes de trabajo en relación de dependencia en el año anterior a la pandemia. En otras palabras, el 90,7% no había tenido acceso a un empleo formal con anterioridad.

El dato marca una tendencia hacia la informalidad estructural. Es decir, la existencia de un amplio segmento con trabajo de subsistencia, que hoy representaría al 20% aproximadamente de la PEA y que es considerado como “no empleable” tanto por el estado a través de sus políticas públicas como por el sector privado.