La lapicera de la gobernadora María Eugenia Vidal no sólo cargó tinta para delinear las listas de candidatos, sino que en los últimos meses vetó cuatro expropiaciones de fábricas recuperadas por los trabajadores. En enero de este año, le tocó el turno a la Cooperativa de Precisión Limitada (ex Rench) de Don Torcuato; en febrero a la metalúrgica Raimat de Quilmes; y hace tan sólo una semana a la cooperativa que fabrica pinturas, Cintoplom Limitada, de Ciudadela.

La misma situación atraviesan 120 trabajadores de  Acoplados Del Oeste (ADO), quienes tras el vaciamiento de la fábrica Petinari se conformaron en una cooperativa de trabajo y lograron que la Legislatura Bonaerense en 2015 aprobara por unanimidad la expropiación de la planta ubicada en Merlo, que en mayo del año del año pasado se revirtió por decisión de Vidal.

"Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año la empresa estuvo funcionando a cargo de los trabajadores", explicó a Diagonales el abogado Claudio Caponera que representa a la cooperativa ADO y contó además el proceso judicial en que encuentra la fábrica que debe una suma estimada de 30 millones de pesos a los 120 empleados.

"Hoy el juez tiene en las manos la decisión de homologar el acuerdo preventivo de la empresa o impulsar la quiebra o salvataje", afirmó Caponera, quien precisó que de homologarse el concurso, los trabajadores deberán esperar al menos tres años para cobrar algún tipo de indemnización. La decisión está en manos de Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 20. 

El concurso preventivo que tramitan los empresarios Petinari en la Justicia se alcanzó gracias a la conformidad del principal acreedor de la fábrica, que es la Afip, entidad a la que la empresa debe $60 millones. "Seguramente la conformidad se presentó por una decisión política que le han bajado al área legal", opinó el abogado.

Lo cierto es que a partir del apoyo al sector empresario por parte del gobierno provincial (con el veto de Vidal) y nacional (con la conformidad de Afip para evitar la quiebra), los trabajadores de ADO hace cuatro meses que realizan un acampe fuera de las instalaciones de la fábrica.

La única decisión política que se propone ayudar a los trabajadores

"Estamos todos los días aguantando ahí, esperando a ver qué es lo que va a decidir el juez" contó a este medio Nahuel Méndez, uno de los trabajadores de la cooperativa y afirmó que la única respuesta que han recibido desde el Estado fue por parte del municipio que encabeza Gustavo Menéndez.

El viernes pasado, los trabajadores que no tuvieron ningún tipo de respuesta ni del Ministerio de Producción bonaerense, ni de los propios legisladores oficialistas que aprobaron la expropiación- mantuvieron una reunión con Menéndez en la que se acordó que el Ejecutivo municipal los asistirá con alimentos y subsidiará el alquiler de un galpón que permita a los trabajadores poner en marcha la fábrica. 

"Hemos ofrecido desde el municipio sacar un subsidio para que ellos puedan alquilar un lugar y también contratarlos como proveedores de determinados productos que nosotros utilizamos como puede ser la reparación de los camiones del municipio", afirmó el Intendente del FPV a Diagonales.

Asimismo explicó que el aporte del municipio "es muy limitado porque hemos perdido en Merlo decenas de miles de puestos de trabajo, pero estamos muy interesados en que los trabajadores tengan la posibilidad de seguir con la cooperativa".

En este sentido, Nahuel Méndez explicó que ante la nueva posibilidad, un grupo de empleados irá a trabajar y otro se quedará en la carpa, en forma rotativa. "Ahora vamos a empezar a hacer algunos trabajos chicos con la maquinaria que tenemos los trabajadores. Lo primordial es arrancar y generar un poco de dinero para que siga la lucha, y alcanzar nuestro objetivo que es estar de vuelta en la fábrica", detalló.

Los miembros de la cooperativa ADO denunciaron además que las instalaciones de la fábrica en cuestión están -desde el desalojo producido en marzo- custodiados por efectivos de la Policía Bonaerense. 

"Es una vergüenza que durante tantos meses el edificio de la fábrica tenga custodia policial del Estado. Usan la fuerza pública para un caso laboral, y encima los están usando de porteros. En vez de usar una empresa privada, usan la policía", afirmaron.