En las últimas horas, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió la denuncia contra el ex interventor del Astilleros Río Santiago durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Daniel Capdevilla, por "malversación de fondos y lavado de activos" por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.

La legisladora presentó ante la Justicia Federal un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por "una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos".

En la denuncia original se encuentran señalados el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; los funcionarios de la Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago e integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Además, según indicó González, los ilícitos que se habrían cometido dejan en "evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General". 

En las ultimas horas, la diputada provincial del Frente de Todos aportó nueva documentación que presentó ante la Fiscalía Federal N°1 de La Plata. En diálogo con Télam, Susana González detalló que en 2018 se presentó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para conocer la declaración jurada de Capdevila, tras conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65. 

"Oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión", explicó la diputada provincial. 

Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue "cajoneado" sin ningún tipo de tratamiento y "perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento".