La diputada nacional Elisa Carrió defendió anoche al jefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, quien posee el 3% de las acciones y una posición mayoritaria en el directorio de Farmacity. El funcionario de Mauricio Macri quedó en el ojo de la tormenta cuando el periodista Jorge Lanata dejó en evidencia que posee el 53% de los votos, y por tanto la toma de decisiones, en la cadena de farmacias que pretende instalarse en la provincia de Buenos Aires.

“Ahora los laboratorios hicieron lobby contra Quintana”, afirmó Carrió en “Desde el Llano” en TN y  destacó: “Hay muchos que no rechazaron el dinero de los laboratorios. A mi en una oportunidad me ofrecieron 500 mil pesos y obvio dije que no. Cuando Illia quiso cambiar las cosas lo voltearon en el 1966”.

Lo cierto es que desde Quintana llegó al poder se produjeron una serie de movimientos en la Justicia y algunos estamentos del Estado a favor de la cadena Farmacity. Si bien en la Provincia la ley de farmacias impide que las Sociedades Anónimas sean dueñas de farmacias, Farmacity recurrió a la Justicia bonaerense que falló en sus tres instancias en contra de la cadena. 

Luego, cuando Quintana asumió en la jefatura de Gabinete de la Nación, la causa que tenía tres condenas en el mismo sentido fue reabierta por la Corte Suprema de la Nación que deberá expedirse sobre el tema.

En paralelo, en 2014 una de las sucursales de Farmacity de la ciudad de Buenos Aires  recibió una inspección en la que se la multó por reemplazar a un farmacéutico “sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional” y por utilizar “un libro de recetario sin rúbrica o habilitación”. Estas causas fueron archivadas el año pasado.

Además, semanas atrás fue procesado el ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, Raúl Alejandro Ramos. La Justicia consideró que existen pruebas suficientes para sospechar que protegió del Ministerio de Salud a Farmacity.

Se estimó que como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -máximo responsable jerárquico a la hora de imponer sanciones-, Ramos no ejecutó la ley como debía contra Farmacity, lo que en la práctica se enmarcaría en una omisión por el “retardo administrativo”.

“El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios, esto es, dictar y ejecutar” las sanciones, remarcó el juez, que dispuso un embargo por la cifra simbólica de $2000.