La administración de María Eugenia Vidal está a las puertas de un nuevo escándalo de corrupción. Tras las PASO, los trabajadores del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) dieron a conocer un convenio por 16 millones de pesos firmado en mayo por el director del organismo, Pablo Di Liscia, con Provincia NET, la empresa del Grupo Bapro que preside nada menos que el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

La letra del convenio, al que tuvo acceso Diagonales, establece la tercerización de funciones y áreas estratégicas de la obra social más grande de la Provincia (tiene 2,6 millones de afiliados) en la empresa del banco que preside el primo del Presidente. Entre ellas, nada menos que la recaudación, el pago a proveedores y la gestión médica. Prácticamente una privatización.

Explícitamente, el texto del acuerdo dice que “Provincia NET proveerá a IOMA un servicio transaccional integral” compuesto por el “cobro por cuenta y orden de IOMA que realicen los afiliados”, el “pago por cuenta y orden de IOMA de prestaciones o reintegros” y la “administración, gestión e integración de los servicios prestacionales de IOMA con los prestadores de salud y sus afiliados”.

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Con el agravante, además, de que para cumplir con esos propósitos, Provincia NET tendrá acceso a la historia clínica y a la base de datos que IOMA tiene de sus afiliados, en su inmensa mayoría empleados públicos de la Provincia y los municipios.

El convenio se firmó en mayo y fue refrendado por la Resolución 1095/2019, donde figura la empresa controlante de Provincia NET, “Bapro Medios de Pago SA”. Allí también se refrenda que la empresa conveniada podrá a su vez subcontratar el servicio en una tercera, que a la postre resultó ser Conexia SA, cuyo director es el pintoresco Sebastian Jorge Letemendia, quien supo dar inspiradoras charlas TED exclusivas dirigidas a CEOs pero que arrastra denuncias por incumplimientos en funciones similares en provincias como Chubut y Neuquén.

“Con los problemas que tenemos con las prestaciones de los afiliados, queremos la explicación de por qué razón se firma un convenio para tercerizar en una empresa privada, Provincia NET, algo que pueden hacer tranquilamente los trabajadores del IOMA”, exigió la senadora provincial por el Frente de Todos María Teresa García, quien además impulsó la interpelación de Di Liscia, que fue frenada por el bloque de Cambiemos.

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También presentó un pedido de informes el diputado Guillermo Escudero y la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Entre otras cuestiones, buscan saber por qué el directorio del organismo decidió avanzar en la firma del convenio sin tener en cuenta las objeciones al mismo realizadas por la Fiscalía de Estado, que objetaba “la razonabilidad del precio” (los 16 millones) que se le pagaría al Bapro.

Había apuro por aprobarlo. De hecho, la votación del 17 de abril del directorio, compuesto por 4 representantes de Ejecutivo que conduce María Eugenia Vidal y 3 por los trabajadores, había dado empate ante la ausencia de uno de los directivos del oficialismo. Desempató Di Liscia, que como presidente tiene voto doble.

“Esto forma parte del conflicto que venimos teniendo hace tiempo con el Gobierno porque nosotros queremos defender nuestros puestos de trabajo y a nuestra obra social. Hace tiempo que venimos denunciando subejecución presupuestaria por más de 3 mil millones de pesos, que no sabemos a dónde fueron. Tuvimos muchas discusiones internas sobre qué hacer con lo que se venía con el convenio con Jorge Macri pero decidimos hacerlo público ahora, porque no nos queremos callar más. No vamos a permitir que vacíen el IOMA ni que lo privaticen”, resumió a Diagonales una de las trabajadoras de la obra social.

Pese a todo, fue la propia gobernadora, a través de la Asesoría General de Gobierno, según consta en la resolución, la que terminó dando el aval político. “La Asesoría General de Gobierno dictamina que habiendo analizado el proyecto de convenio, no tiene observaciones que formular desde el punto de vista de su competencia, pudiendo el Directorio de considerarlo oportuno y conveniente, autorizar al Presidente a suscribir el convenio y posteriormente dictar el acto administrativo que preste formal aprobación”.