El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno municipal de Tres de Febrero por el funcionamiento de los espacios de primera infancia de la Comuna, a pesar de las restricciones que estableció el gobierno nacional, suma un nuevo capítulo. Tras la intervención del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino,  un grupo de senadores de Juntos por el Cambio envió un pedido a las autoridades de la Cámara Alta para que se integre la Comisión bicameral de seguimiento del funcionario y se evalúe un cese en sus funciones. 

“Observamos con preocupación que el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino manifieste en cada una de sus publicaciones y/o en sus requerimientos indebidos e improcedentes un notable compromiso con una gran cantidad de funcionarios y funcionarias de la cartera provincial, como si su accionar formara parte de las acciones de gobierno o incluso como si el organismo que él conduce fuera una dependencia más del poder ejecutivo provincial", sostuvieron los legisladores. 

El 19 de abril, tras recibir denuncias de vecinos y gremios docentes de Tres de Febrero en las que aseguraban que en los espacios de primera infancia se estaban dictando clases presenciales, Guido Lorenzino adelantó que iban a solicitarle al intendente Diego Valenzuela que "brinde información sobre actividades educativas presenciales por las que se estaría incumpliendo el Decreto 241/21 del PEN, y la Resolución 1208/21 de Jefatura de Gabinete PBA".

Al día siguiente, el jefe comunal del PRO denunció "presiones" por parte del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el Defensor del Pueblo "para cerrar los espacios de primera infancia". Además, aseguró que aquellas instituciones "son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13.298”

Tras las denuncias de Valenzuela, senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que debe evaluarse si la intervención de Lorenzino "presenta causales de cese en el cargo, contempladas en la Ley 13.834". En la carta enviada a la presidenta del Senado, Verónica Magario, los legisladores consideraron  que la actitud del funcionario "podría considerarse una grave desviación que coarta su autonomía e independencia funcional, dejando entrever una clara incompatibilidad entre su cargo y su militancia política".

La misiva fue firmada por los senadores y senadoras Nidia Moirano, Elisa Carca, Felicitas Beccar Varela, Roberto Costa, Juan Pablo Allan, Francisco Bagnato, Gabino Tapia, Juan Fiorini, Agustin Maspoli, Daniela Reich, Carolina Tironi, Florencia Barcia, Aldana Ahumada y Lucrecia Egger.