A casi cinco años de haber trascendido a nivel nacional, las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez -ambos fallecidos en el contexto de la explosión de una escuela en el partido de Moreno- llegan a juicio oral y público este lunes. Tras una larga espera y procesos de investigación en la causa, ahora es momento de llevar a la instancia de juicio el caso que se convirtió en un emblema de los reclamos del sector educativo contra el grave deterioro en materia de infraestructura.

En efecto, las muertes de Calamano y Rodríguez, producidas tras una explosión ocurrida por la falla de una estufa en la escuela primaria N°49 Nicolás Avellaneda, puso en evidencia los graves problemas que atravesaba el sector de la educación pública bonaerense por falta de inversión y mantenimiento. En ese sentido, a partir del hecho ocurrido el 2 de agosto de 2018, la gestión de María Eugenia Vidal se vio afectada de manera crucial por el repudio generalizado a la situación.

En tanto, ahora la causa lleva a cuatro personas implicadas en lo ocurrido: el gasista Cristian Ricobene, que había trabajado en la obra de la escuela; el interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif; la presidenta del Consejo Escolar Mónica Berzoni y el responsable de la infraestructura escolar Jorge Galián. 

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mercedes. Según se supo, serán 13 jornadas (tres por semana) en la que desfilarán por los tribunales provinciales alrededor de 30 testigos que declararán para arribar a una sentencia.

Si bien la mayoría de las cuatro personas ubicadas en el banquillo de acusados ocupaban cargos de función pública al momento del hecho, el gasista Ricobone es quien carga con la acusación más grave: homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública. No obstante, desde la defensa de los familiares de los fallecidos buscan apuntar a funcionarios dimayor jerarquía para que también enfrenten a la Justicia.

“Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los ‘Carpetazos Educativos’ previos realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se reclamaba por los problemas de infraestructura y se denunciaban los incumplimientos del Estado”, fueron las palabras de María Rosa Merlo, abogada de la CTA y de las familias de Sandra y Rubén, en conversación con la agencia Télam.