El presupuesto provincial de María Eugenia Vidal privilegió durante el año pasado el pago de deuda externa, mientras que el recorte recayó sobre el gasto social y los salarios provinciales. Con una inflación de 47,1 por ciento, incrementó en un 97,5 por ciento la partida para pago de intereses –a la par de una apreciación de 100 por ciento del dólar en el período— mientras que para prestaciones sociales lo hizo en un 34,5 por ciento y para personal público, un 30 por ciento promedio. Se trata de la misma ecuación que evidencian las cuentas públicas nacionales y que se explican por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera y la caída de la recaudación tributaria, a lo que se suma la decisión política de ajustar en el gasto social. La participación de prestación de la seguridad social, personal y transferencias pasó de 96,7 por ciento en el presupuesto de 2017 a 83,1 por ciento el año pasado.

De acuerdo con el informe oficial de ejecución presupuestaria preliminar al cierre 2018 que presentó hace dos semanas la Provincia, las cuentas bonaerense presenta un déficit fiscal del 3,2 por de la ejecución total, inferior al previsto originalmente. “Esto reflejó de una subejecución de las partidas del gasto en capital, un aprovisionamiento negativo en las partidas de funcionamiento de los servicios públicos, y muestra que la atención de servicios de la deuda pública tiene los mayores guarismos de crecimiento”, señala el arco opositor.

Un informe del senado señala que la Provincia además incumplió con la previsión de obras formulada en el Presupuesto enviado a la Legislatura y que en 2018 la mayor parte del endeudamiento nuevo se destinó a cancelar las amortizaciones de la deuda. También que se continúa la tendencia a la pérdida de autonomía provincial, ya que sigue creciendo el peso de los recursos federales respecto al menguado rendimiento de los tributos propios de la provincia, tal como se informaba la semana pasada desde Diagonales.

El seguimiento oficial de las finanzas provinciales dio cuenta un 2018 con un déficit financiero de 22.523 millones de pesos, 0,97 por ciento superior al registrado en el ejercicio 2017 (22.306 millones). La primera evaluación es que se explicó en ingresos que mostraron un mejor desempeño que los gastos. Sin embargo, esta relación de solvencia descansa en aportes federales de carácter excepcional, en un dólar que duplicó su valor en un año y una inflación del 47,1 por ciento. Los recursos federales crecieron al 57,7 por ciento, incluso 36 puntos más que lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto. Los 50.500 millones de pesos adicionales se explican fundamentalmente en la mayor participación relativa que recibe la Provincia en la masa por la coparticipación plena del 100 por ciento del producido del impuesto a las ganancias desde enero 2018 y el impacto de inflación.

El mayor riesgo para la estabilidad de la Provincia lo genera el creciente peso de la deuda y la redirección de recursos para cumplir con esos compromisos desde partidas sociales. El recorte real en salarios se reflejó en alzas de 25,2 por ciento en partida personal y 35 por ciento en jubilaciones y pensiones. El promedio en personal se vio arrastrado la baja porque los aumentos en estatales y docentes se aplicaron con mucho rezago respecto al aumento inflacionario. Recién en diciembre de 2018, en un contexto de presión sindical, la Provincia otorgó un bono salarial fijo por única vez de 7000 pesos, no remunerativo no bonificable pero acumulable en el cómputo del impuesto a las ganancias, como compensación parcial de la pérdida de bolsillo.

La otra cara fue el gasto en servicios de la deuda, cuya partida se incrementó en un 97,5 por ciento, que implica casi duplicar el peso de la deuda. Esto tiene que ver con que la administración de María Eugenia Vidal se endeudó previamente en dólares, en sintonía con la política nacional, y el salto del tipo de cambio duplicó la participación medida en pesos. En 2017 el gobierno provincial había destinado 22.647,8 millones de pesos en el pago de intereses y al año siguiente fueron 41.443,0 millones (un incremento de 20.463,9 millones). “Además del impacto del tipo de cambio (95,3 por ciento), hubo mayores intereses convalidados en los procesos de licitaciones públicas de letras de tesorería y en las emisiones de nueva deuda provincial, conceptos que también impactarán sobre el Presupuesto 2019”, según el equipo de Pignocco.

En el presupuesto para 2019, que se aprobó en diciembre, se establece una partida de 56.403,3 millones de pesos en servicios de deuda, 36 por ciento más que lo ejecutado el año pasado. Esto con un dólar estable y según los parámetros previstos en la política nacional, algo parece difícil de mantener en el actual contexto de crisis financiera y económica. Este año el recorte también se enfocará en inversión.

El año pasado los gastos de capital finalizaron –según el informe preliminar del Ministerio de Economía—con un nivel de ejecución de 86,8 por ciento de lo previsto en la Ley de Presupuesto. El gasto en las obras propias de la Provincia fueron ejecutadas en 79,9 por ciento del presupuesto, ubicándose incluso 12,5 por ciento respecto de lo destinado durante el 2017

“Con este nivel de ejecución en 2018 no cumplió la previsión de gasto en capital formulada en el Presupuesto sino que tampoco produjo por tanto el promocionado efecto multiplicador que impulsaría la economía de la provincia mediante la obra pública; ya que fue ralentizada y postergada. Mientras que las transferencias de capital reales caen muy fuertemente y se compensan con las reasignaciones del financiamiento educativo municipal ahora afectado a infraestructura escolar”, señalan los autores del informe.