En el marco de la causa que investiga el descarrilamiento del tren que sale desde Constitución a Bahía Blanca el pasado 8 de marzo, la Justicia Federal decretó la “prohibición cautelar” del servicio y dispuso una serie de condiciones para el restablecimiento.

El Juzgado Federal N°1 de Azul dictaminó que “las Empresas Trenes Argentinos, Ferro Pampeana SAC y Sofse Roca en forma conjunta y/o separada -dentro de sus respectivas competencias o ámbitos concesionados-, deberán elevar al Juzgado un informe técnico con el relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías, terreno y fundamentalmente especifique si el mismo garantiza la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario dentro de los estándares técnicos aplicables”.

La Justicia dictó la suspensión del servicio de tren Constitución-Bahía Blanca

Los jueces advirtieron que “el informe deberá fundarse en relevamientos y estudios que garanticen su actualidad”. Una vez que las compañías presenten dichos documentos, el servicio podrá ser reestablecido. 

 Además, las mismas empresas “deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”.

Actualmente, la causa está caratulada como “descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo” e investiga la sucedido el pasado 8 de marzo cuando, a eso de las 5.30 de la mañana, el tren que había partido de Buenos Aires descarriló a la altura de Olavarría. En la formación viajaban unas 479 personas, de las cuales 22 resultaron con heridas leves.