La difusión de los videos de la reunión entre ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI, un senador y un intendente del PRO, junto a empresarios platenses, para armar una ofensiva judicial contra el dirigente gremial de la UOCRA, Juan Pablo Medina, generó una fuerte discusión interna dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, diferencias que el Frente de Todos busca aprovechar en la Legislatura bonaerense para impulsar el juicio político contra el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand. 

Si bien la Unión Cívica Radical aún no ha sentado una postura unificada y oficial, varios dirigentes ya se han expresado condenando el espionaje ilegal y el uso del sistema judicial con fines políticos. Varios de ellos han pedido una investigación sobre lo sucedido y salieron a despegarse de la "Gestapo antisindical". 

El diputado nacional del radicalismo, Miguel Bazze opinó que las palabras de Marcelo Villegas sobre los sindicatos fueron “por lo menos un grave error político”, al igual que la reunión que tuvo lugar en una sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017. “Me da una tremenda sorpresa que haya habido una reunión de esa naturaleza”, reconoció. 

“Hay que dar una explicación en serio y son cuestiones que hay que investigar en profundidad y avanzar”, consideró. Bazze remarcó que los encargados de llevar a cabo dicha investigación deben ser la Justicia y la Comisión Bicameral, "para ver cómo se justifica la presencia allí de integrantes de la Agencia”.

“No podemos tener un sistema de inteligencia al servicio el poder político de turno, tenemos que ser muy rigurosos para no caer en actitudes que terminen violando las leyes y violando derechos”, completó. “Los radicales estamos absolutamente convencidos de que no se puede utilizar un sistema de espionaje para perseguir o investigar a dirigentes sociales, gremiales, políticos o empresarios”, sentenció y marcó distancia de sus aliados del PRO. 

Por otro lado, el presidente del foro de intendentes radicales y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, también cuestionó la mesa judicial bonaerense y aseguró que "probablemente" la UCR tendría que tener una postura orgánica en repudio. "A mí se me revolvieron las tripas", lanzó en diálogo con AM750. 

"Me llamó la atención un análisis posterior. ¿Eso quién lo filmó? Ahí hubo gente que fue sorprendida, más allá del comentario, que estuvo ahí sin saber que los estaban filmando", subrayó. "Esto me lleva a los servicios de inteligencia. Acá en este país parecería que todo el mundo te puede pinchar el teléfono o filmarte sin que vos lo sepas. Una violación en los derechos. En este gobierno, el anterior y el próximo", matizó.

Fernández afirmó que "la mesa judicial parece que existe". "Creo que en una Democracia, cuando hablamos de calidad institucional, también tenemos que discutir la absoluta independencia del poder judicial. El día que Argentina tenga una justicia absolutamente independencia, donde no exista la posibilidad de una mesa judicial, entonces ahí vamos a empezar a construir un país en serio", concluyó.

Asimismo, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) también emitió un fuerte comunicado de repudio condenando la persecución gremial. Todo ello, llevó a que el titular de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, presionado por sus bases, expresara una tibia condena a la mesa judicial bonaerense: "Esta mal y no se tiene que volver a repetir", fueron sus palabras.

Este escenario dentro del radicalismo abre una puerta de esperanza dentro del Frente de Todos que espera conseguir aliados de la UCR dentro de la Legislatura bonaerense para remover Conte Grand de su cargo por una presunta participación en la mesa judicial y el armado de causas contra dirigentes gremiales y políticos opositores durante la gestión anterior. El Frente de Todos no tiene los votos necesarios para impulsar el jucio político y ya adelantó que buscará la colaboración del radicalismo. 

En tanto, Margarita Stolbizer, dirigente del GEN y diputada nacional de Juntos por el Cambio, calificó como "muy grave" que funcionarios públicos participen en el armado de causas judiciales y señaló que el hecho amerita "una profunda investigación".

"Lo más grave es que se estuviera tramando una operación en esos términos y que participaran funcionarios públicos y que eso se filmara. Hay una cantidad de componentes que hace que sea sumamente grave la situación", expresóen diálogo con radio AM990. "Esto es escandaloso y grave para el sentido común, más allá de las especulaciones políticas que uno pueda poner cuando habla. Que suceda semejante cosa es sumamente reprochable", añadió. 

Quien brilla por su ausencia, o más bien por su silencio, es la ex gobernadora y actual legisladora por CABA, María Eugenia Vidal, quien podría verse directamente implicada en el armado de causas judiciales y persecución gremial dado que al menos tres de sus funcionarios estaban presentes en esa reunión cuando aún estaba al frente del gobierno de la Provincia. Sin embargo, la diputada ha optado por el más absoluto silencio.