Por primera vez en la historia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires compró 80 mil comprimidos de Misoprostol para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el territorio bonaerense.

Este lote de medicamentos, que significó una inversión de 15 millones de pesos, se compró en el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (FIL) de Santa Fe. Por tratarse de un productor público de medicamentos, ese monto significa un ahorro de 18.343.400 pesos, en comparación con el valor de mercado.

El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, explicó que “es la primera vez que se realiza una compra planificada de esta magnitud para garantizar el derecho a la ILE en el sistema de salud provincial”.

El misoprostol, cuyas indicaciones de uso figuran en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, es una medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva, incluido bajo esa denominación en la lista de fármacos de la Organización Mundial de la Salud por sus aplicaciones para abortos seguros, atención posaborto, parto y posparto.

Si bien hasta ahora la cartera sanitaria y los efectores de salud realizaban compras esporádicas de esta medicación, en esta oportunidad se hizo un diagnóstico de situación y una planificación a seis meses para asegurar que no haya faltante de este insumo, de modo tal que quede garantizado el derecho a la ILE en hospitales y centros de atención primaria.

Las autoridades del ministerio de Salud bonaerense explicaron que, al asumir la actual gestión, no encontró datos estadísticos precisos ni confiables sobre la cantidad de interrupciones legales del embarazo en el sector público, ni antecedentes de compras recientes de misoprostol.

De acuerdo a la escasa información disponibles, en el periodo 2014-2018 se registraron 79 muertes de mujeres a causa de un aborto en la provincia de Buenos Aires, dato que según la evidencia se encuentra subregistrado, es decir, que es muy inferior al número real. De esa estadística se desprende, a su vez, que el 10 por ciento de esas muertes correspondió a niñas y adolescentes de 15 a 19 años, y que el 80 por ciento de los decesos fue producto de prácticas clandestinas..