El gobierno de Axel Kicillof publicó este lunes en el Boletín Oficial la resolución N° 415-2021, en la que se establece definitivamente “la actividad presencial en los establecimientos educativos de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires” con protocolos, a partir del 1° de marzo.

La medida anuló otra de la Dirección General de Cultura y Educación, que estipulaba la actividad dentro de las instituciones solamente para pequeños equipos de auxiliares, docentes y directivos.

La norma que lleva la firma de la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, se enmarca en el decreto nacional N° 67/21 en el que se establece que "podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales" de acuerdo a las distintas situaciones epidemiológicas que transiten los distritos por la pandemia de coronavirus.

Desde la Provincia se aclaró que continuarán “exceptuados de la obligación de asistencia presencial al lugar de trabajo” los docentes y auxiliares que integren los grupos de riesgo, ya sea por ser mayores de 65 años, y pacientes de riesgo por inmunosupresión o enfermedades crónicas.

La resolución advierte que en el caso de las escuelas donde se deban suspender las clases por razones epidemiológicas, se deberá asegurar la entrega de materiales impresos y de módulos alimentarios, así como la continuidad de las obras de infraestructura, las tareas de limpieza y de desinfección

Cabe remarcar que las secretarías de asuntos docentes, los consejos escolares, los tribunales descentralizados de clasificación y las jefaturas de inspección distrital y regional, serán los encargados de organizar la tan esperada y reclamada vuelta a clases, luego de un 2020 signado por la pandemia del coronavirus.

Provincia determinó además que "continúan exceptuados de la obligación de asistencia presencial al lugar de trabajo las y los docentes y auxiliares" observados en el artículo 1 de la resolución N° 90/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros. Se trata de los mayores de 65 años y pacientes de riesgo por inmunosupresión o enfermedades crónicas.