En cuenta regresiva para el final del primer mandato de María Eugenia Vidal en la Provincia, la Gobernadora acelera los tiempos para garantizar la “regularización” de más de 500 desarrollos inmobiliarios cerrados que existen mayoritariamente en el Conurbano bonaerense y “no cumplen con ningún requisito que exige la normativa”.

Con este objetivo, Vidal nombró en junio de 2017 a Dante Galeazzi  -miembro de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y yerno del empresario dueño de Nordelta,  Eduardo Constantini- al frente de la Dirección de Ordenamiento Urbano bonaerense.  

Sin embargo, los empleados de carrera que integran la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial -encargada de la aprobación de los clubes de campo y barrios cerrados, y de la habilitación de la gestión comercial de estos desarrollos inmobiliarios- han resistido hasta el momento la regularización de los barrios cerrados porque  “están construidos en total ilegalidad y no cumplen ni con una ‘coma’ de la ley, son irregularizables”, precisaron a Diagonales.

Para destrabar el tema que tiene preocupados a los grandes empresarios inmobiliarios de la Provincia, Vidal impuso una nueva reforma de las estructuras del Estado y mandará la Dirección bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. “Acusan que la Dirección no funciona, pero sabemos que Galeazzi  cumplía un rol muy especial para hacer lobby y vaciar la dirección”, explicó a este medio la empleada Natalia Giugovaz.

El encargado de facilitar la legalización de los barrios cerrados será José Richards, un hombre de Joaquín De La Torre que tiene antecedentes en la materia. En 2011, cuando se desempeñaba como subsecretario de Legal y Técnica en San Miguel, Richards logró imponer en el municipio un mecanismo de “excepción” que permitió saltear una ordenanza y permitir la construcción y comercialización de 327 viviendas –que pertenecían a la familia Macri- en el barrio cerrado Buenos Aires Village.

Movimientos estratégicos de Vidal para legalizar “más de 500 barrios privados” que no cumplen con la ley

Izq a der: José Richards (Subsecretario de  Gobierno), Joaquín de la Torre (Ministro) y Alex Campbell (Subsecretario de Asuntos Municipales)

Según explicó Guigovaz, la decisión del cambiar de órbita a la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial la comunicó formalmente el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, en una reunión que mantuvo el miércoles con los empleados afectados. “En la reunión con Gigante no nos pudieron dar ningún justificativo legal, ni técnico. Esto responde, porque lo hicieron explícito además, a intereses económicos y políticos. Gigante dijo que no dependía de ellos y que era una decisión de la Gobernadora”, relató la mujer.

Lo cierto es que, la Dirección ya estuvo bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y hace poco más de un año fue la propia Gobernadora la que decidió volver la dependencia al Ministerio de Infraestructura, bajo la conducción del empresario inmobiliario Galeazzi. “Ya sufrimos la tercer cambio de estructura en lo que va la gestión de Cambiemos. En las tres reformas ministeriales tuvimos cambio de estructura. Somos organismos de aplicación de la Ley de Usos del Suelo que está íntimamente ligada con las otras direcciones de Infraestructura, lo que es la Obra Pública, las direcciones de Hidráulica”, agregó la empleada.

Sobre los barrios cerrados que busca legalizar la Provincia, Giugovaz detalló a este medio que “algunas de las urbanizaciones están realizadas desde hace muchos años y no cumplen con ningún requisito que exige la normativa. No se pueden regularizar porque son totalmente ilegales y ahora justifican el cambio de dependencia con un mal funcionamiento de la dirección cosa que no es verdad”.

La empleada planteó además que “esto no es un hecho aislado” y consideró que “forma parte del desguace sistemático del Ministerio de Infraestructura”. Además detalló que los contratos de Participación Público-Privada (PPP) para la obra pública también van en contra de la legislación provincial.

“La PPP repercute directamente en nuestro 3%, que es una bonificación especial de Infraestructura que nosotros cobramos en función de la obra pública. La PPP habilita al sector privado a financiar, gestionar y ejecutar la obra pública y esto va por fuerza de nuestra ley del 3%”, apuntó.