En la Provincia de Buenos Aires, según el relevamiento en tiempo real que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la asunción de Sergio Berni como ministro de Seguridad en diciembre de 2019 hasta las primeras semanas de este año se registraron 249 casos de muertes por violencia institucional, ya sea a manos del gatillo fácil de la bonaerense y otras fuerzas como dentro de los penales y las cárceles provinciales y federales. Los casos en la provincia representaron en ese período de tiempo un 59 por ciento del total nacional, que llega a 426 casos.

Los más emblemáticos fueron los de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años oriundo de la ciudad bonaerense de Pedro Luro, partido de Villarino, quien salió de su casa rumbo a lo de su ex novia, en Bahía Blanca, 120 kilómetros al norte por la Ruta 3, el jueves 30 de abril, y permaneció desaparecido hasta que sus restos fueron hallados a principios de septiembre; Lucas Nahuel Nerón, de 18 años, de la localidad de Goznalez Catán, La Matanza, que recibió dos balazos que partieron de un móvil policial; Federico Rey, “fusilado” a fines de abril durante una protesta en el penal de Florencio Varela; y Francisco Javier Cruz, que fue levantado por un patrullero, también en Varela, y apareció muerto un día antes de la entrada en vigencia de la cuarentena, el 18 de marzo.

Los cuatro casos, por diferentes motivos, estuvieron relacionados con la pandemia. De hecho, según los registros de Correpi, durante el ASPO llegó a haber un promedio de un caso de muertes por violencia institucional cada seis días. De acuerdo a las conclusiones de su informe anual sobre el 2020, publicado a fin de año, “el escenario comenzó a cambiar a partir de la pandemia de COVID-19. Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles”.

De acuerdo al informe anual de Correpi, hubo un total de 411 casos durante el primer año de gobierno del Frente de Todos a nivel nacional. De esos 411 once casos, 272 se dieron en cárceles, comisarías o bajo custodia; unos 103 fueron por gatillo fácil de las fuerzas de Seguridad, mientras que otros 17 por muertes al interior de las propias fuerzas. El promedio da una muerte cada 20 horas. Un 85 por ciento se sucedieron desde la entrada en vigencia de la cuarentena. El número total llega al día de hoy a 426 casos.

Muy lejos de una fuerza “humanizada”: bajo la gestión de Berni ya se produjeron 249 muertes por violencia institucional

Diagonales recortó los casos específicos de la provincia y detectó que casi un 60 por ciento, unos 238 casos, corresponden a la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Berni. A partir del 10 de diciembre del año pasado se sucedieron otros 11 casos, completando un total hasta la fecha de 249.

De todas maneras, el recuento nunca es exacto, más bien estimativo. Básicamente es territorial (se toma el provincia donde sucedió el hecho), pero muchas veces hay cruces de fuerzas más allá de la General Paz, de uno y de otro lado. El caso Chocobar sirve como explicación: mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un pibe de La Boca, en ese mismo barrio y estando fuera de servicio, pese a que formaba parte de la Policía de Avellaneda. Casos como ésos se producen de manera frecuente, por lo que el recorte específico de cada territorio se vuelve engorroso, aunque no imposible. A lo que hay que agregar que muchas veces las muertes se producen a manos de fuerzas federales o dentro de peneales gerenciados por el Servicio Penitenciario Federal, como Ezeiza o Marcos Paz.

Otra salvedad tiene que ver con la “herencia” que recibió la gestión de Berni. La provincia de Buenos Aires tiene el índice de superpoblación carcelaria, por escándalo, más importante del pías, y llega al 112%, lo que es señalado por diversos organismos como una violación permanente de los derechos humanos, lo que fagocita las muertes en contexto de encierro, que son las más difíciles de esclarecer por la cadena de complicidades políticas y judiciales que desencadena y por el nulo interés de las autoridades en resolver el problema.

Aún así, hubo un hecho que inicios de la cuarentena marcó un precedente: la propia subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia reveló en abril que se produjeron 23 casos de abuso policial en el control de la pandemia. Eran los tiempos del cerco policial sobre Villa Azul, que funcionó a la manera de laboratorio de control de los contagios en los barrios populares, con la Policía como punta de lanza.

Fue entonces cuando el gobernador Axel Kicillof insistió en la idea de “humanizar” a la bonaerense. “Claramente eso no se logra nombrando a Berni como ministro”, ironiza la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, en diálogo con Diagonales. “Es una contradicción flagrante, incluso en relación a la promesa que hizo Alberto Fernández en su discurso inaugural cuando pidió terminar con el gatillo fácil y los asesinatos por la espalda. Si bien no es todo lo mismo y hay diferencias con la gestión de Cambiemos en la materia,  que fue la más violenta de la democracia, la sola presencia de Berni, que defiende las pistolas Táser y está a favor de la mano dura, da cuenta de que no es el camino y que el Frente de Todos prioriza la resolución de sus internas y contradicciones por sobre lo que declama públicamente”, resumió.

La correpi, para empezar a solucionar este flagelo, exige como parte de su “agenda antirepresiva” el “cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante”, la derogación de las leyes antiterroristas, el “retiro inmediato” del proyecto de reforma del nuevo Código Penal, “que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los represores y universaliza la prisión preventiva”, y “la aplicación estricta de las medidas internas de suspensión del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos”, entre otros reclamos