El Proyecto de Presupuesto 2019 elaborado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) encierra en su arquitectura una serie de definiciones íntimamente relacionadas con la matriz de pensamiento del organismo multilateral de crédito, y genera de este modo mayores condiciones para profundizar el actual escenario de crisis socio-económica.

En este sentido, el esquema de ingresos revela que la adhesión al Pacto Fiscal por parte de la PBA, atentó contra la capacidad recaudatoria de su principal tributo -el Impuesto a los Ingresos Brutos- pretendiendo compensarlo con aumentos del impuesto inmobiliario, predominantemente urbano. Básicamente, ello implica quitar presión impositiva a las empresas y trasladarla a  los ciudadanos residentes en los aglomerados urbanos de la PBA.

El impacto de la elevadísima inflación de 2018 sobre los tributos y el feroz revalúo inmobiliario practicado por el gobierno provincial, plantean un incremento de los recursos del orden del 48%, que poco tiene que ver con eficiencia recaudatoria, mayor progresividad, o blanqueo de la economía.

En el caso de los gastos, el interés del gobierno de la PBA está centrado en la reducción de partidas relacionadas con la infraestructura productiva y social. En este sentido y respecto del presupuesto 2018, disminuyen los fondos del Ministerio de Producción (-8,06%), de Vialidad (-25,20%), del Instituto de la Vivienda (-34,64%), del Ente Administrador Astilleros Rio Santiago (-11,92%) y del Fondo Provincial de Puertos (-20,81%).

El monto previsto para el desarrollo de obras en los municipios contempladas en el proyecto de presupuesto presenta una reducción del 8% respecto al presupuesto 2018, por un total de $28.115. Nótese que con una inflación 2018 que se ubicará alrededor del 45%, la variación nominal planteada en el presupuesto implica que los fondos para obras en los municipios se verán reducidos a la mitad, en términos reales.

Esta brutal reducción general del monto destinado a obras ha sido sin embargo tamizada por la gobernación de la PBA de acuerdo con el signo político del municipio. Así el monto total para los municipios Cambiemos asciende a $7.888 millones, un 3% más que lo destinado en 2018. El monto destinado a los municipios del FPV, en tanto, totaliza $5.744 millones, un 36% menos que lo destinado en 2018.

Pese a esta seria reducción del gasto de capital hacia los municipios, el presupuesto prevé una fuerte expansión de las erogaciones totales (+32,8%), incrementando por ejemplo las partidas de la Secretaría de Medios que recibe seis veces más fondos que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. ($691 millones vs $120,7 millones).

El balance entre los recursos incrementados merced a la inflación y a una mayor presión impositiva sobre los habitantes de la PBA, y los cualitativamente deteriorados gastos, arroja no obstante un superávit primario de $10.131 mill que expresa una disminución interanual del 31,1%. La lectura es simple, cuando la economía se desploma, no hay ajuste sustentable.

Al delicado balance entre recursos y erogaciones se adiciona el peso de los intereses financieros, consecuencia del abultado e indiscriminado endeudamiento de la provincia en moneda extranjera (U$S 10.100 millones). Esta deuda, impactada por la devaluación del 95% ocurrida este año, hizo que se duplicaran los servicios de la deuda pública, aumentando de $ 28.204 millones para el 2018 a $ 56.403 millones para el 2019.

Así la PBA presentará en 2019 y según las estimaciones oficiales, un déficit financiero de $40.161 millones, que extiende y agrava la situación prevista para el presente año, que culminaría con un déficit de $25.204 millones.

Ahora bien, ¿cómo planea el gobierno provincial cubrir un déficit financiero que es un 59,3% superior al proyectado para 2018? Bastaría con saber que la Gobernadora solicitó autorización para endeudase por un monto total de $102 mil millones y adicionalmente pidió autorización para endeudarse con la Administración Nacional de la Seguridad Social a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,  para pagar intereses de deuda.

De concederse esta autorización de endeudamiento por $102.000 millones, la deuda total de la PBA podría alcanzar los $500.000 millones, representando el 76,5% del total de los Ingresos Tributarios nacionales y provinciales que prevé recaudar la gobernación en el año 2019.

El endeudamiento indiscriminado tiene un impacto social claro. Los esfuerzos del gobierno provincial por lograr la sostenibilidad de la deuda generan despropósitos sociales tales como destinar al pago de intereses de deuda ($56.403 millones) mayores fondos que al Ministerio de Salud ($51.148 mil millones).

Si el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de la deuda se persiguen como fines en sí mismos, el déficit será social. Serán los ciudadanos los que paguen el ajuste.

Como efectivamente esos son los objetivos del proyecto de presupuesto 2019, existe una pretensión adicional que busca trasladar el ajuste nacional que impacta ferozmente sobre la PBA, en las administraciones municipales.

Está claro que los municipios no podrán asumir los subsidios que se dejarán de otorgar desde otros niveles de gobierno. Así, los incrementos en las tarifas sociales de electricidad, gas, agua, y en el transporte urbano comunal, impactarán de lleno sobre los ciudadanos en un contexto de fuerte recesión económica, desencadenando un cuadro social dramático en el área metropolitana Buenos Aires.

La propuesta del Poder Ejecutivo Provincial es esa, un proyecto de presupuesto que prioriza el repago de la deuda a expensas de un mayor endeudamiento, de un menor gasto social y en infraestructura, y que traslada la administración de una crisis autoinfligida por el Gobierno Nacional a las administraciones municipales, en el marco de un proceso fuertemente recesivo.

*Economista. Integrante de la Comisión de Economía del PJ de la provincia de Buenos Aires. Twitter: @MLaGioiosa