El fiscal Álvaro Garganta pidió hoy que el exgobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio oral por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en marco de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal hizo el requerimiento para elevar un tramo de la causa en la que están acusados el ex mandatario, su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez -entre otros ex funcionarios- y el empresario Ricardo Miller. Según fuentes judiciales, son cinco casos distintos dentro de la megacausa iniciada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Ahora, la decisión quedó en manos de la jueza de Garantías Marcela Garmendia.

El primer caso involucra la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. La Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro. Todo con el fin de direccionar la contratación a favor de Miller.

De acuerdo con las pruebas analizadas por Garganta, esto ocurría como consecuencia de "la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario recibía de éste por su rol".