Como parte del Pacto Fiscal establecido con 95 municipios, la gobernadora María Eugenia Vidal busca ajustar las finanzas y restringirá los préstamos para distritos que mantengan deudas con entidades Provinciales. Así lo define la Resolución 185 del ministerio de Economía bonaerense, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, que establece que los distritos que mantengan deudas con entidades “financieras y no financieras” tales como IOMA, IPS, CEAMSE o Provincia ART, deberán sanear los montos o no podrán recibir financiamiento del Programa Provincial de Desarrollo (PPD).

En ese sentido, la resolución que lleva la firma del ministro de Hernán Lacunza busca establecer que los “organismos del sector Público No Financiero y Financiero de la Provincia” y los municipios deben “sanear sus deudas a efectos de poder acceder a las operaciones que refiere el artículo 8 bis de la Ley Nº 13.295”, en referencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que establece que los municipios necesitan adherir al Pacto Fiscal para acceder a operaciones de endeudamiento como de asistencia financiera.

“El citado Régimen tiene por objetivo principal instrumentar reglas claras, y dotar de mayor transparencia sobre la utilización del gasto y los ingresos públicos municipales, procurando la sostenibilidad de las finanzas públicas como medio para una mejor calidad en la provisión de servicios públicos”, expresa entre sus argumentos la Resolución.

En tanto, los municipios que requieran préstamos por parte del Programa Provincial de Desarrollo, deberán acordar planes de restructuración de deuda con los organismos mencionados.

Por lo pronto, en el último año las miradas fueron puestas sobre un nutrido grupo de municipios gobernados por la oposición, que se han resistido a integrar el Pacto Fiscal y apuntaron contra Vidal por presionar en términos financieros a los sectores disidentes. A cambio de ayuda financiera, el Pacto establece condiciones tales como topes a la contratación de trabajadores municipales, límites a las deudas respecto a los gastos corrientes.

Desde sectores de la oposición han llegado a tildar la medida como un “comisariado de Vidal” sobre las gestiones municipales.