El mismo día que el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) movilizó para denunciar el vaciamiento en las políticas de Niñez, la Corte Suprema de Justicia bonaerense se pronunció y advirtió al gobierno de María Eugenia Vidal por una serie de irregularidades en los sistemas de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, principalmente en La Plata, Berisso y Ensenada, e instó a las autoridades pertinentes a que arbitren las medidas necesarias para brindar solución a este problema.

Mediante una resolución, el presidente de la Corte, Eduardo De Lázzari, detalla que "las irregularidades en el funcionamiento de los Servicios Locales dificulta la administración de justicia", a raíz de lo planteado previamente por los jueces de Familia del departamento judicial La Plata.

Entre las situaciones detalladas  por los jueces de Familia se encuentran la inestabilidad e insuficiencia del personal dependiente de los Servicios Locales, la escasa adopción de medidas de abrigo, “el ínfimo despliegue y mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos volcadas”, “el repliegue de las dependencias municipales del área hacia la sede central y el incumplimiento sistemático de los plazos legales de la intervención asignada a los órganos administrativos así como de los requerimientos relativos a la intervención que les cabe”.

Estos, entre otros aspectos puntualizan los magistrados son “los extremos salientes de la problemática que condiciona la intervención judicial, obstaculizando indudablemente la prestación del servicio de justicia".

A raíz de este documento, la Corte Suprema de Justicia advirtió a la gobernadora Vidal y al Ministro de Desarrollo Social Santiago Medrano, con notificación a la Procuración General, para que “se arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta".

"Es obligación del Estado adoptar las medidas de protección adecuadas y eficaces, a fin de restituir los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes cuya misión es proteger. En dicho marco deben disponerse las acciones positivas necesarias, con la celeridad que estos casos ameritan, todo lo cual hace a la debida diligencia y a la responsabilidad del Estado", De Lázzari.