Trabajadores del Astillero Río Santiago denunciaron que el gobierno de María Eugenia Vidal incumplió una vez más el “Acta-Acuerdo” firmada en presencia de una fiscal durante la toma de predio naval en Ensenada. Es que uno de los puntos preveía la mediación de la Pastoral Social de la Iglesia, representada por el cura Rubén Marchioni, que nunca se llegó a concretar ya que la Provincia avanzó con denuncias penales contra los representantes de ATE, por la irrupción de los trabajadores en las oficinas del Ministerio de Economía bonaerense.

Con la judicialización del conflicto, el fiscal platense Marcelo Romero imputó hoy al titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y al secretario general del gremio en Ensenada, Francisco Banegas, por la toma que se realizó el 18 de septiembre.

“No nos sorprende la actitud de los funcionarios del Gobierno que, mientras se comprometen y piden que se bajen los decibeles en los medios y en la calle para entablar un diálogo, vemos que viola estos acuerdos”, apuntó Banegas. Y desafió: “Estamos seguros de algo, esta judicialización no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a defender al Astillero hasta la muerte”

Los trabajadores remarcaron además que quieren “aprovechar la mesa de concertación para sacar el astillero adelante” y poder continuar 6 obras navales en curso. Y pidieron terminar con las “persecuciones, los descuentos salariales y el avasallamiento al Convenio Colectivo de Trabajo”.

Además denunciaron que la Provincia en complicidad con los medios vienen realizando maniobras para estigmatizar a los trabajadores y tildarlos de “vagos”, cuando en realidad la paralización del Astillero –que a nivel infraestructura es único en Latinoamérica- se debe a la falta de insumos para trabajar.

Sobre la irrupción en el Ministerio de Economía bonaerense, Banegas aseguró que desde la Provincia “faltan a la verdad porque no hubo violencia ni al ingreso ni durante la presencia pacifica dentro del  Ministerio y no fueron "dos sujetos masculinos", como fundamenta la nueva denuncia penal realizada por el titular de la cartera, Hernán Lacunza.

“Fuimos muchos los compañeros y compañeras, que ingresamos buscando una respuesta que vienen negando”, afirmó el representante de los trabajadores. El fiscal Romero entiende que los dirigentes de ATE incitaron a sus representados, aprovechándose de una "acuciante situación" y de la "angustia" por la misma, para que "ocupen violentamente las instalaciones de la cartera" donde provocaron "daños de distinto tipo contra el patrimonio público" e impidiendo a funcionarios y personal jerárquicos la posibilidad de "ejercer los actos propios de sus cargos".

Entre las pruebas, el fiscal advierte que existen las actas de procedimiento, el material fotográfico y varias declaraciones, entre las que se destaca la de Lacunza.