Con una amplitud sin precedentes en los últimos cincuenta años de la historia estatal argentina, un grupo plural de profesionales estatales, académicos, sindicalistas, políticos y ex responsables de áreas de gestión pública en gobiernos democráticos, han consensuado una serie de medidas orientadas a la mejora del funcionariado estatal de nuestro país.

Una lista de más ochocientas figuras -y en ascenso- han confluido en un “Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI”[1] que, sintéticamente, postula para el Estado:

  • El ingreso mediante exámenes abiertos con la intervención de las Universidades Nacionales,
  • El cumplimiento de la normativa relativa a las carreras administrativas,
  • La planificación estratégica con sustentabilidad financiera de la planta de personal,
  • La creación de un sistema que regule el acceso a los roles de dirección pública,
  • Terminar con todo tipo de discriminación negativa y de precarización o subcontratación laboral,
  • El cumplimiento constitucional de la negociación colectiva en todos los ámbitos estatales,
  • La inversión en una capacitación sistemática,  
  • La constitución de un Consejo Nacional de la Función Pública con participación de los partidos políticos y de sectores sociales, empresariales, gremiales y académicos

Es válido preguntarse por las razones que han permitido un acuerdo tan amplio y plural, ya que si se repasa el largo listado de adherentes se observa que incluye figuras que, en otras esferas de lo partidario, lo político y lo conceptual tienen profundas y públicas diferencias.

El primer elemento que justifica un acuerdo de estas características es que, sea cual fuere el rol que se le asigne al Estado, todas las escuelas y enfoques sostienen que para que pueda cumplir la tarea asignada se precisa de una Administración Pública sólida y eficaz … Y la verdad es que hay pocos actores que realizan un diagnóstico positivo en tal sentido.

Este dictamen negativo se emparenta, en gran parte, con la ausencia de programas exitosos dirigidos a la convocatoria, carrera y formación de trabajadores públicos, escenario que, con honrosas excepciones, cruza transversalmente a la Nación, las provincias y los municipios.

Sin embargo, hay algo más profundo: es nuestra opinión que la cuasi unanimidad estaría mostrando el ocaso de las ideas del llamado “New Public Management-NPM” en virtud de la constatación de que sus recomendaciones, herramientas y formas organizacionales se han mostrado inadecuadas para llevar adelante la gestión pública en la Argentina.

Dentro de las ideas de reforma estatal que terminaron siendo absorbidas por el ajuste neoliberal, el NPM fue el capítulo dirigido a mostrar un norte estratégico en lo referido a lo organizacional. Bajo sus principios, se desarrollaron una serie de dispositivos de gestión tendientes a reemplazar elementos extra-mercantiles de lo público (actuación en acuerdo a norma, planificación, acceso universal) por otros más acordes a la era neoliberal (flexibilidad, eficiencia, atención al cliente). El cuadro organizacional del Estado sufrió una mutación consecuente: de trabajador estatal, sujeto de derechos, a recurso humano, costo dentro de la matriz de producción de servicios públicos.

Las ideas gerencialistas -bastante criticadas desde la crisis del 2001- volvieron con fuerza en el gobierno de la Alianza Cambiemos, teniendo su máxima expresión con la llegada masiva de CEOs a los puestos de dirección del Estado. Paralela a ella y como forma de inyectar nuevos valores y modernidad en todos los niveles de gestión, se desplegó una estrategia dirigida a desplazar los mandos medios y cuadros profesionales existentes por jóvenes que, en su mayoría, eran egresados de universidades privadas o extranjeras.

Habiendo transcurrido más de tres años, y vistas desde una perspectiva puramente organizacional -esto es, sin considerar los efectos de corrupción y captura que el desembarco de los CEOs produjo- hay una conciencia generalizada de las dificultades que hubo en ambos estamentos para adaptar sus habilidades y conocimientos a las particularidades y necesidades del sector público. La desvalorización de lo colectivo, la inadecuación de una perspectiva que hace eje en lo efímero y cambiante y la fractura cultural explica que, hoy por hoy, pocos defiendan la experiencia.

En suma, consideramos que el “Consenso…” marca –y ojalá así sea- el ocaso definitivo de las ideas de New Public Management en la Argentina, y el retorno a una agenda que priorice la necesidad de concluir y estabilizar el paquete básico weberiano de función pública: planificación en función de objetivos y no de la eficiencia, convocatoria abierta a toda la ciudadanía para el ingreso, diseño de puestos en consonancia con estabilidad y desarrollo de carrera, capacitación sistemática, posiciones normalizadas para roles directivos…  

En la actual coyuntura casi todos los que estamos vinculados a la temática consideramos que esos son los elementos indispensables para una Administración Pública subordinada al poder democrático y con trabajo digno, sin por ello dejar de ser sólida y eficaz.

* Administrador Gubernamental, Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Asuntos Públicos, Políticas y Gobierno del Instituto Universitario Ortega y Gasset (España) y Doctor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

  
   [1] El texto completo, los firmantes y demás información sobre el consenso puede verse aquí: https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica/home