La Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió el pago, de forma abrupta, de las cuotas del programa Progresar de unos 94 mil jóvenes de entre 18 y 24 años que gozaban del mismo, siendo los más afectados los pertenecientes al conurbano bonaerense y del interior del país.

Según declaraciones de funcionarios del Ministerio de Educación, la medida se llevó a cabo debido a la demora de la información enviada por las universidades respecto a las regularidades de las materias, y al no recibir la misma, asumieron que los estudiantes abandonaron sus respectivas carreras. Sin embargo, los hechos una vez más contradicen las declaraciones oficiales ya que las distintas universidades declaran haber enviado normalmente la información correspondiente.

El programa consiste en una ayuda económica de $ 900 mensuales orientado a población dentro de la franja de 18 y 24 años que quiera iniciar, continuar o terminar sus estudios primarios, secundarios, terciarios, o universitarios y que se encuentre sin trabajo,  lo haga informalmente o perciba una retribución salarial por debajo del mínimo vital y móvil y cuya situación familiar se encuentre en iguales condiciones.

Atendiendo a la evolución del programa bajo la gestión de Cambiemos, y siguiendo los datos publicados por CEPA en "Jóvenes y Empleo en Números" observamos una considerable disminución de la cantidad de beneficiarios sostenida en el tiempo. Si para el 2015 el beneficio alcanzaba a casi un millón de jóvenes, en el 2016 la cifra se reduce alrededor del 21%, sucesivamente para el año 2017 se produce una nueva reducción del 22,55%. Si consideramos las reducciones recientes, en torno al 17%, la cifra para 2017 se ubicaría en 40% en relación al año anterior. Analizando la cantidad de beneficiarios del programa bajo la actual gestión,  vemos que desde el inicio de la misma el porcentaje total se redujo un 38, 11%, pasando de casi un millón a 560.000 jóvenes.   

Considerando el rol que adquiere el nivel educativo en la calificación de la mano de obra y en la posibilidad de mejoras en la calidad de vida, políticas de este tipo repercuten de manera directa en la disminución del salario real de dicha población. Situación agravada por la flexibilización laboral que aqueja principalmente a los jóvenes. 

La medida forma parte de una orientación macroeconómica que apunta al recorte del gasto social. En consonancia con ello pueden observarse los intentos de reducir las pensiones y cobertura de medicamentos para los jubilados, entre otras. Todas ellas adquieren relación sustancial en lo que respecta al pago de los futuros compromisos de deuda. Si consideramos el porcentaje de la deuda contraída respecto al PBI, 52, 8 % en tan solo un año y medio de gestión, tanto la baja del salario real como la disminución de lo que se entiende como gasto social son objetivos fundamentales de la administración económica de Cambiemos para sostener un modelo económico basado fuertemente en la valorización financiera.

En sintonía con lo anterior pueden comprenderse las distintas políticas públicas, implementadas por la actual gestión de gobierno. Orientadas hacia  el diseño de programas que puedan reducir el costo laboral de contratar jóvenes en empresas. Convenios con empresas como Mac Donalds, el Plan Primer Empleo, o el plan Programa de Inserción Laboral que tiene por objetivo empalmar los planes sociales existentes en una relación de dependencia o nueva contratación. Todas ellas tendientes a  la flexibilización de la mano de obra y dejando en segundo plano las políticas que promovían su calificación y profesionalización, cuestión agravada por la mala situación económica que provoca una disminución en el porcentaje de alumnos con dedicación exclusiva, teniendo que combinar el estudio con el trabajo o con la búsqueda de empleo.