Durante todo el proceso de discusión llevado adelante en el Congreso, desde este colectivo feminista, amplio y transversal pusimos nuestro esfuerzo en dejar muy en claro cuál es el centro de esta cuestión y para que no quedaran dudas del alcance y las consecuencias de aprobar o no el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Si no se sanciona esta ley, estaremos permitiendo, tolerando y fomentando los abortos clandestinos;  una instancia a la que las mujeres llegan sin ninguna seguridad, estigmatizadas, criminalizadas y con un alto riesgo de perder sus vidas.

Si esta Ley se aprueba, en cambio, estaremos como estado brindando las herramientas legales y sanitarias para garantizar que no haya más personas con capacidad de gestar, muertas en situaciones de abortos.

Estamos hablando de responder con una política pública a un problema de salud pública que causa entre 43 y 100 muertes de mujeres por año. Y estas cifras son estimativas, porque como consecuencia de la clandestinidad, no se pueden obtener datos del todos precisos sobre, estadísticas fiables, que como sabemos resultan ser una herramienta fundamental en la medicina.

En ese sentido, lograr que el Estado deje de esconder y de criminalizar el aborto y se decida a atenderlo y poner a disposición de todas las personas con capacidad de gestar la información, el acompañamiento y las prácticas profesionales necesarias, es el gran avance que estamos cerca de lograr.

Pero además, la legalización del aborto es justicia social. Quienes militamos el feminismo y venimos peleando por lograr esta Ley, sabemos que todas las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo, están en peligro por el sólo hecho de hacerlo en la clandestinidad. Pero la diferencia entre aquellas personas que pueden pagar por mejores condiciones, más seguras y con mayores garantías y las que no tienen recursos y se practican abortos en condiciones muy inseguras y sin ningún tipo de resguardo, es la expresión de la desigualdad y la injusticia social. Una desigualdad que causa muertes.

Por eso estamos segurxs que legalizando el aborto llevaríamos justicia ahí donde sólo hay diferencia.

Por otro lado, algo que también estuvo en discusión en el Congreso y que fue motivo de extensos debates en todos los ámbitos parlamentarios en los que trabajamos el proyecto, es el derecho a la decisión sobre nuestros cuerpos. Este concepto fue quizás el más discutido y creo que no es casual que haya pasado eso. Se trata de un valor con fuerte contenido simbólico pero también y sobre todo político.

Esta cuarta ola feminista está caracterizada por poner en discusión ese derecho, y la sola discusión de ese derecho pone en jaque el corazón mismo de la dominación patriarcal, una dominación que posiblemente sea la más antigua. Si las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos gestantes, también decidimos sobre nuestros cuerpos en el espacio público, en la vida cotidiana, en la conformación de un todxs con lxs otrxs.

Creo y me gusta mucho hacerlo, que este inmenso movimiento feminista, tan amplio y transversal, también es una respuesta política a cierta avanzada global de preceptos de una derecha que gusta de negar derechos, de coartar libertades y de cuidar que permanezca a salvo un statu quo de las cosas.

Nosotrxs nos encontramos en esa sororidad que es sin dudas una dimensión práctica pero también política del feminismo y desde allí buscamos transformar las formas de construcción de la idea de mujer y cuerpo gestante.

Si se aprueba esta Ley, algo que está muy cerca de suceder, comenzará otro arduo camino para garantizar su cumplimiento en cada rincón de nuestra patria y su implementación para todas. Pero sobre todo se profundizará este camino de toma de conciencia y de lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y varones que ya comenzó hace tiempo y llega a este punto con una fuerza y una potencia transformadora imposible de detener.