Participación ciudadana es un concepto ampliamente difundido y aceptado al día de hoy, no solo en Argentina sino en las democracias contemporáneas. De referencia obligada en discursos e investigaciones sobre calidad de las políticas públicas, consolidación de la democracia, transparencia del gobierno, representación política, igualdad cívica. Ha suscitado más adherentes que detractores, causando, a lo sumo, cierta indiferencia o vacilación pero nunca oposición abierta o rechazo.   

Aún así, esta noción de tan buena reputación y en franca expansión presenta muy diversas aristas, formas y significados, que es preciso desmenuzar antes de aventurarse a esbozar cualquier apreciación concreta o análisis.

En un plano teórico, entendemos por participación a todo acto que implique tomar parte de algo, intervenir en una acción, involucrarse en un hecho. Cuando este sustantivo viene acompañado de la palabra ciudadana a modo de adjetivo, ese algo, acción o hecho del que se toma parte, consiste en la cosa pública, el ámbito propio de actuación ciudadana, lo que es de todos, en oposición a lo privado. Así, participación ciudadana alude, en su formulación más sencilla, a intervenir en los asuntos comunes.

Ahora bien, esta intervención en los asuntos comunes puede hacerse efectiva de diferentes formas y por diversas vías. Una primera distinción emerge entre participar a través de mecanismos institucionales preestablecidos y  participar de forma no institucionalizada o espontánea. En el primer caso, se trata de una participación formal y controlada, orientada por prescripciones legales, pautada por procedimientos definidos. Como ejemplo, podemos mencionar a los referéndums y consultas populares, las audiencias públicas, la iniciativa popular legislativa, los presupuestos participativos, las revocatorias de mandato. Dependiendo del marco normativo de la jurisdicción de que se trate,  distintas serán las opciones habilitadas para que la población exprese su opinión o propuesta ante los representantes. Dependiendo del modo en que estén diseñados y reglamentados esos canales institucionales, diversas serán las modalidades, requisitos, materias, alcances e impacto de lo que a través de ellos sea formulado, pudiendo tratarse de mecanismos meramente informativos, moderadamente consultivos o eficientemente decisivos.

Del otro lado, tenemos la participación no institucionalizada, informal, no estructurada en términos legales, a la que suele llamarse espontánea, no en el sentido de carecer de toda organización, dirección, incentivo o promoción, sino en cuanto a que su modalidad y traza no ha surgido de una ley ni se halla formateada (o a lo sumo es restringida) por esta.  A diferencia de la participación institucionalizada, cuyo contenido es mayormente (aunque no de modo exclusivo) propositivo, es decir, plantea una propuesta, sugerencia o idea en términos positivos, la participación no institucionalizada es más bien de control, con un contenido altamente crítico, de censura o presión en pos de alguna consigna, en sentido de reprobación o negativo.

Es en esta segunda modalidad, de abajo hacia arriba (surgida de la sociedad y dirigida a los gobernantes), en la que ubicamos a la protesta social. En Argentina, la manifestación popular en las calles ha ido ganando terreno. Sobre todo desde aquél histórico cacerolazo de 2001 que, al contrario de la impotencia manifiesta por los mecanismos institucionales formateados desde arriba, se ha anotado el importante resultado de destituir a un presidente.

Es así como la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos, el Monumento a la Bandera y otros tantos espacios públicos, autopistas y calles a lo largo y ancho de todo el país han sido escenario de fervientes reclamos y acaloradas luchas, en pos de derechos no reconocidos o avasallados, ante los cuales los gobernantes no han podido permanecer indiferentes. Estas reivindicaciones populares imprimen su huella en nuestra historia y amplían, a veces a la fuerza, los límites de la democracia.

Varios fueron los intentos hechos por regularla, provenientes de oficialismos y oposiciones de distintos ámbitos y colores políticos. Sin embargo, la naturaleza rebelde de esta forma de manifestación cívica se resiste, por ahora exitosamente, a que la encorseten y delimiten, evitando volverse dócil, estéril y puramente decorativa. Y es que, al menos como la experiencia indica, solo haciendo ruido logra ser escuchada.

     *Doctora por la Facultad de Derecho (UBA) e investigadora del CONICET.