Argentina tiene un problema de corrupción estructural, la corrupción afecta a gran parte de la política, fundamentalmente al empresariado vinculado con las contrataciones de la obra pública, a la sociedad civil en general y a los sindicatos. Por eso, es que hay pocos actores en este país con incentivos para avanzar seriamente, tanto en la persecución penal como en la prevención de los hechos de corrupción.

El caso Odebrecht lo muestra claramente no hay demasiados actores con interés real de obtener la información de Brasil o de Estados Unidos para poder avanzar y saber a quién se le pagaron las coimas, qué intermediarios locales participaron, qué empresas locales pudieron haber tenido participación en esos hechos, entre otras cuestiones.

Entonces, por un lado el tema de la persecución penal; pero, por otro lado, aún si Argentina hiciera persecución penal de una manera honesta y eficiente cosa que no hacemos-, hay que entender que el derecho penal siempre va a llegar tarde al problema de la corrupción porque esa es su naturaleza, se activa cuando los hechos ya ocurrieron. En la tragedia de Once hubo una condena en apenas cuatro años, que es poco para el promedio de catorce años que duran las causas de corrupción en Argentina, sin embargo el Estado llegó tarde porque hubo 52 muerto y casi 800 heridos.

Hay que pensar cómo hacemos para prevenir estos hechos antes de que ocurran. Y en esta materia no hemos hecho los deberes y hay que señalar que la corrupción no es la enfermedad, es el síntoma. Lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras institucionales, el modo en el que el Estado lleva adelante sus actividades que son las que subyacen al problema de la corrupción, las que generan oportunidades para la corrupción.

Argentina hace obra pública con una ley de 1947, es impensado que podamos hacer obra pública de manera transparente, eficiente, con control público, con transparencia, con participación ciudadana con una norma de esa época. Argentina es el único país de toda América Latina y el Caribe junto con Venezuela que no tiene ley de compra de bienes y servicios, no tenemos un organismo central de control en materia de contrataciones.

Y hay otras deudas históricas de la dirigencia política con los ciudadanos de la Argentina, deudas de más de 20-25 años, por ejemplo la Constitución del 94 mandó a reglamentar la Auditoría General de la Nación y todavía no se hizo. La Auditoría se rige por una ley del 92 que es anterior y en parte incompatible con la Constitución, la oficina anticorrupción no es un organismo de control, no tiene autarquía administrativa, no tiene presupuesto propio y su titular es designado y removido a dedo por el poder ejecutivo. Asimismo, Argentina no ha modificado su ley de administración financiera que fue pensada en un contexto completamente distinto al actual.

Hay una serie de deudas históricas que aún no han sido saldadas y que ahí es donde debe estar puesto el foco, en tratar de prevenir estos hechos antes de que ocurran, mirando con lupa de manera sectorial cada una de las actividades del Estado para poder determinar en cada sector cuáles son las oportunidades de corrupción para poder modificarlas y cuáles son las capacidades y los incentivos de control, especialmente pensando en la participación ciudadana.