Como consecuencia del aislamiento social por la pandemia de COVID-19 el espacio digital ha cobrado una centralidad aún mayor de la que ya poseía. La necesidad de comunicarse, estudiar, trabajar, comprar o entretenerse a distancia, produjo un crecimiento exponencial de la actividad de Internet. Sin embargo, si bien se han incrementado las posibilidades de uso también se han puesto aún más en evidencia desigualdades cimentadas en diversas brechas digitales, tales como las de género, socioeconómica, generacional, geográfica, de infraestructura y de conectividad de Internet. En nuestro país, los sectores sociales en situación de pobreza, los que viven en zonas rurales, o las personas mayores, entre otras, no pueden acceder a Internet y a las tecnologías digitales tanto sea por el costo, por la ausencia de empresas proveedoras, por carecer de los dispositivos o por no contar con las competencias que les permitan apropiarse de las mismas; de tal forma que la brecha y la inclusión digital adquieren una gran importancia. La inclusión digital, concepto que emerge a principios de la década de 2000, conforma una dimensión de la inclusión social, de manera que la exclusión al acceso, manejo y apropiación de las tecnologías digitales forma parte de la exclusión social. Si bien se han implementado políticas públicas de inclusión digital en las últimas décadas, el actual contexto revela que las mismas mantienen una gran deuda en relación con la inclusión social. Por supuesto, queda como saldo que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, trabaje en la creación y gestión de nuevas políticas públicas en materia de tecnologías digitales, para compensar entre tantas otras desigualdades, las referidas al acceso a la red digital y a su apropiación, de manera de eliminar las brechas existentes.

Por otra parte, la desigualdad se sobredimensiona en el mundo del trabajo. Gran cantidad de trabajadores y trabajadoras (entre ellos los y las docentes) debieron volcarse de manera forzada al teletrabajo, en muchos casos sin las competencias necesarias, ni los dispositivos de acceso ni la conectividad y sin condiciones adecuadas para trabajar en sus hogares. Acaba de sancionarse en el poder legislativo la Ley de Teletrabajo, que entre otros puntos regula el derecho a la desconexión, a la intimidad y la protección de datos, pero nos preguntamos ¿cuáles son los alcances de esta legislación? La misma está destinada sólo a los trabajadores de la economía formal, dejando por fuera el trabajo informal o flexible.

En este sentido, y también debido al contexto actual de aislamiento social, se ha puesto de manifiesto el aumento de la actividad de las plataformas digitales, tanto las dedicadas al entretenimiento y la cultura, como las destinadas a la educación, la salud, delivery, mensajería y el comercio electrónico, al mismo tiempo que se acrecientan las tensiones entre los trabajadores de estas plataformas y los propietarios de las mismas. Esta forma de flexibilización y precarización creciente -que se produce no sólo en la Argentina sino a nivel internacional- llamada “uberización”, desdibuja el vínculo laboral con los empleadores, los trabajadores no tienen beneficios sociales ni previsionales, su salario depende de su capacidad de trabajar y sobre todo carecen de mecanismos de regulación y control por parte del Estado. La tecnología como puente a la inclusión socio-laboral no implica la adaptación a relaciones laborales precarias, sino por el contrario debe favorecer el acceso al trabajo a personas excluidas, a crear mejores condiciones de trabajo y a la movilidad social.

Por último, en este nuevo contexto reconocer que el acceso universal a Internet como servicio público y derecho humano fundamental resulta urgente. De esto se trata la inclusión digital y social. En este sentido el costo, la apertura y la elasticidad de Internet la colocan en el ámbito de un bien común, y con ello la necesidad de actualizar la disputa por el acceso abierto a los datos, el código abierto, el software libre, las regulaciones del Estado y la Internet ciudadana, como componentes indispensables de su democratización.

* Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. http://esic.sociales.uba.ar/