Recientemente organizaciones sociales y el Gobierno nacional han avanzado en la construcción del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y, con él, en la implementación del Certificado de Vivienda Familiar como instrumento que reconoce domicilio y facilita el acceso a servicios urbanos. Si bien ambas iniciativas contribuyen a visibilizar la existencia de barrios populares villas y asentamientos- que habitualmente no existen en el mapa y a colocar sus problemáticas en la agenda pública, la pregunta que surge es cuál es el alcance de estas iniciativas y cuál su relevancia en un contexto en el cual las acciones más integrales que apuntan a resolver la cuestión del acceso a la vivienda y a una tenencia segura en el Area Metropolitana de Buenos Aires, están aún pendientes.

A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho y de que las jurisdicciones subnacionales -la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires- cuentan con marcos normativos que lo ratifican y reconocen de un modo afirmativo, para las familias de menores ingresos habitar en Buenos Aires parece ser un derecho negado.

En la Provincia de Buenos Aires la Ley de acceso Justo al Hábitat (no. 14.449/2012) que teóricamente provee al Estado provincial con herramientas para generar oferta de suelo urbanizado donde construir vivienda social y para mejorar las viviendas existentes, muestra un estado de parálisis preocupante. De hecho, no se registran acciones concretas que impulsen la realización del derecho al hábitat. A la parálisis se suma la falta de brújula reflejada en la continua rotación de funcionarios provinciales en las áreas de tierra y vivienda.

O sea, la herramienta que se construyó para con el objetivo de regularizar los barrios informales, dar respuesta a la demanda urbano habitacional y reducir la especulación fundiaria es inútil sencillamente porque no se utiliza. Si se utilizara, no habría necesidad de certificado alguno.

La razón principal del déficit en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del Área Metropolitana no es otra que el aumento en los precios del mercado inmobiliario. Aun así, el gobierno porteño impulsa un nuevo Código Urbanístico y un nuevo Código de Edificación que no hará otra cosa que promover el desarrollo del mercado inmobiliario y mercantilizar por completo el acceso a la ciudad.

En este marco, ¿cuál es el sentido de los nuevos instrumentos? ¿Cuál será su alcance? Parece extraño que se impulse la puesta en marcha de instrumentos progresivos de inclusión social y urbana cuando las normas que podrían impulsar acciones verdaderamente integrales y de largo aliento van en sentido contrario.

Proceder a generar un Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) e implementar un Certificado de Vivienda Familiar, en el mejor de los casos, se queda sólo en buenas intenciones si no se piensa en un contexto de una política más integral y sostenida en relación a las dinámicas del mercado.

La integración de los barrios populares a la ciudad y el reconocimiento de su estatus de ciudadanía no puede pensarse por fuera de una intervención pública integral y articulada entre las múltiples jurisdicciones que tienen injerencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para que ello ocurra, el Estado debe generar condiciones para la producción de vivienda social que pueda albergar la demanda nueva y, también, servir de colchón para asegurar su regularización y urbanización.