Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), salieron a cuestionar duramente al gobierno de Mauricio Macri por utilizar la represión como herramienta para solucionar los conflictos sociales que se producen a partir políticas que han llevado al "deterioro en la garantía de derechos, sobre todo en lo referido al trabajo". 

"A un año de la detención arbitraria de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, a pocos días de la criminalización también arbitraria de diez militantes de la comunidad mapuche de Cushamen y los últimos episodios de represión de la protesta han terminado de confirmar un panorama preocupante en la dirección de la administración de la fuerza del estado, definida por el gobierno nacional y por gobiernos provinciales de distintos signos políticos", comienza el comunicado de la CPM. 

Asimismo, mencionan la "violenta represión" contra los trabajadores de AGR-Clarín y remarcan que "fue una replica del hostigamiento y represión que sufrieron los trabajadores que protestaban por los despidos masivos en el Ministerio de Educación". También enumeran otros casos como el de los trabajadores de la empresa de Transporte Este de La Plata o los trabajadores del ingeniero Ledesma en Jujuy, como forma de "demostrar que la represión a la protesta es una respuesta sistemática y sostenida a lo largo y a lo ancho del país", 

"El uso de balas de goma y gases lacrimógenos se ha transformado en el protocolo de actuación sistemático", expresan desde la CPM e insisten en señalar que "lo que se reprime son manifestaciones legítimas amparadas por las constituciones nacionales y provinciales. Lo que se reprime son manifestaciones de conflictos que implican vulneraciones graves en los derechos de las personas que reclaman". 

Por último, remarcan que lo que está ocurriendo hoy "lo vemos con honda preocupación porque no es la primera vez que ocurre. En los años noventa, esa década tan aciaga para nuestra democracia, la criminalización de la protesta fue la política del gobierno para avanzar en el feroz avasallamiento de conquistas y derechos que terminaron con más de la mitad de la  población en la pobreza y el 25% de desocupación. El doloroso 2001 con el saldo de 39 personas asesinadas por el Estado fue el corolario trágico de esa política".