¿Qué es la impunidad? Esta pregunta cobra más peso y densidad cuando la hacemos ligada a la desaparición de Jorge Julio López, testigo y víctima del genocidio que sobrevivió a los centros clandestinos de detención al mando de Miguel Osvaldo Etchecolatz y Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Julio, un albañil que estuvo secuestrado y detenido en diversos campos del denominado Circuito Camps , testificó contra Etchecolatz en el año 2006 brindando un testimonio clave para su condena denunciando que Etchecolatz en persona dirigía y aplicaba las torturas. El día que íbamos a alegar en su nombre, Julio desapareció por segunda vez. Han pasado diez años.

Hoy no hay culpables ni imputados ni responsables por su segunda desaparición, producto del deliberado encubrimiento orquestado, que se patentizó en la falta de una investigación mínimamente seria y consecuente. Un verdadero monumento a la impunidad.

Pero queremos también aquí hablar de Julio, de quién fue este hombre que durante su juventud vivió en el barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata donde comenzó a militar en la Juventud Peronista,  trabajando como albañil. Fue secuestrado en su casa y desaparecido por primera vez en octubre de 1976, estuvo en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana, en la Comisaría 5ta, donde sufrió  tormentos y torturas y presenció cómo Etchecolatz dirigía él mismo el asesinato de sus compañeros. Luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Logró sobrevivir al genocidio de clase y preservó en su memoria durante años todo lo que había pasado por aquellos años para luego dar testimonio.

Treinta años después, el 18 de septiembre de 2006, los hechos se repetían el día en que se tenían que exponer los alegatos Julio nunca llegó a la audiencia. Los organismos de derechos humanos del colectivo Justicia Ya lo primero que alertamos fue que se trataba de un secuestro y a las pocas horas presentamos un habeas corpus ante la Justicia Federal. Reflotaban nuevamente los métodos genocidas. Sin embargo, Aníbal Fernández, vocero en el caso del gobierno kirchnerista, tomó la decisión política de buscarlo como si estuviese perdido, negando la desaparición forzada.  Más aún se llegó al colmo de tener que escucharlo al ex ministro ironizando con que Julio podía estar en la casa de su tía. En la misma línea, el entonces gobernador Daniel Scioli le dió más poder a la Bonaerense, incluso ascendiendo a quienes fueron parte del encubrimiento por su secuestro.

El expediente se fue transformando en decenas de cuerpos y miles de fojas, la investigación estuvo plagada de irregularidades, llegando al absurdo de seguir las pistas de una mujer vidente, en vez de investigar seriamente el entorno de Etchecolatz y los represores denunciados por el propio López.  

El año pasado en la Cámara de Diputados presenté un proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y  todo tipo de documentación que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López. Hace unos días logramos dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos y aún resta que otra comisión se pronuncie. Seguiremos insistiendo.

Antes, como ahora, contamos para el esclarecimiento de la desaparición de Julio fundamentalmente con la fuerza de nuestra movilización, el reclamo permanente, la lucha en las calles y el grito que no cesa para que los responsables paguen.