Mediante un informe publicado recientemente por el centro CEPA titulado como "Asignaciones incumplimientos y recortes. Análisis de los datos oficiales a marzo de 2017", se evidenció el contraste entre los anuncios del Gobierno respecto de la incorporación de monotributistas a la asignación familiar y las asignaciones efectivamente otorgadas.  

De esta manera, según el informe para abril de 2016 solamente se incorporaron 203.090 beneficiarios nuevos, lo que constituye solamente un 39% de los 514.000 anunciados por la gestión de Cambiemos.  En el mismo sentido, durante el año 2017 el cuadro se agravó de manera contundente ya que se evidenció la quita o suspensión de 231.542 asignaciones, llegando a una cantidad de beneficiarios más baja que la existente en diciembre de 2015,  siendo los habitantes de la Provincia de Buenos Aires los más afectados por los recortes de las AUH por ser, por un lado, quienes concentraban casi el 38% de las asignaciones y por otro; quienes se encuentran dentro de los que más padecen los efectos regresivos de las políticas económicas.

Ante las repercusiones que dicho informe generó las respuestas oficiales no tardaron en llegar. Así mediante medios afines al oficialismo intentaron desestimar los datos ofrecidos  por CEPA aludiendo que los 231.542 casos que se dieron de baja entre enero y marzo de este año están relacionados con incumplimientos en la presentación de la documentación necesaria para conservar el beneficio, y no a algún tipo de ajuste.

Según dicha versión las bajas corresponden a la falta o demora en la entrega de requisitos necesarios para mantener el beneficio tales como, la presentación anual de controles médicos, certificados de vacunación, la inscripción en el Plan Nacer y la asistencia regular a la escuela pública. A su vez, descartan cualquier modificación en los controles rutinarios existentes para evaluar el cumplimiento de los requisitos de presentación de documentación que avale la concurrencia del niño a establecimientos escolares y a los controles de salud.

De no existir modificaciones en los controles rutinarios, argumentos como el señalado en las versiones oficiales nos induciría a pensar que estamos presenciando una repentina modificación en los patrones de conducta que conllevaría a que una porción importante de la población beneficiaria de la AUH  no cumpla con las contraprestaciones obligatorias para conservar el beneficio.  Si bien es cierto que pueda haber casos que no cumplan con los requisitos necesarios, las causas deben encontrarse en otras variables y no en el cambio en los patrones de conducta, ya que  sostener tal argumento resulta poco convincente para dar cuenta del fenómeno analizado.

En relación con lo anterior lo que dicha perspectiva pasa por alto es el peso que adquiere la estrecha relación existente entre la variación del nivel adquisitivo y la tasa de escolaridad que son variables directamente proporcionales. Esto es; ante una caída del salario real la tasa de escolarización se mueve en el mismo sentido, existiendo entre ellas una correlación positiva (una variable aumenta en la medida que aumenta la otra). Por ello, en una situación de caída persistente del salario real que  afecta principalmente a los sectores de bajos ingresos, dentro de los cuales los habitantes de la Provincia de Buenos Aires ocupan una porción significativa, es esperable una disminución de los niveles de escolaridad.

Para ilustrar la caída en el nivel adquisitivo podemos citar un estudio elaborado por la Universidad Nacional de San Martín, que demuestra cómo en los primeros 15 meses desde la asunción de la nueva gestión de gobierno los asalariados perdieron el equivalente a más de un sueldo por la insuficiente actualización de sus haberes. En igual forma, los beneficiarios de la AUH si bien percibieron un aumento del 29%, medido en leche bajó de 67 a 62 Litros. En tanto, a pesar de la actualización del 33%, el salario mínimo vital y móvil  en abril de 2016 alcanzaba para 421 litros de leche entera. Un año después solo alcanza para 403 litros.

En suma, a diferencia de lo anunciado por los medios oficialistas sostenemos que la persistente caída del salario real y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares impactan directamente en la tasa de escolaridad, y esta última constituye un factor explicativo de la disminución en términos absolutos en el número de beneficiarios de la AUH.  Debido a que ante los efectos regresivos de las políticas económicas más miembros de las familias deben desarrollar como actividad principal aquellas que garanticen su subsistencia, en su mayoría de forma precaria, en detrimento de las actividades destinadas a la educación.