Hoy uno de los  acontecimientos más importantes y esperados para el movimiento de mujeres y lgbttiq+ ha sido la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género (2020-2022), a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Si bien es la tercera vez que en nuestro país se presenta un plan de acción, el primero fue el Plan formulado y presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres para el período 2014-2016, y, el segundo, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para la etapa 2017-2019, presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres luego Instituto Nacional de las Mujeres. Los antecedentes vinculados a instalar acciones concretas vinculadas al fortalecimiento institucional, la creación de un sistema de protección integral contra la violencia y un registro de sistematización y construcción de datos en el primer Plan, mientras que en el segundo la orientación fue más focalizada a las violencias contra las mujeres y centralizada en el organismo rector, y el tercer Plan se diferencia en cuestiones conceptuales, metodológicas y gestión.

El Plan de Acción del MMGyD es producto de un proceso de seis meses de trabajo y consultas a través de foros participativos y otras modalidades de diálogo con diferentes sectores de la sociedad que incluye organizaciones territoriales, de la sociedad civil, universidades, redes, campañas, organismos del Estado nacional, provincial y municipal y, fundamentalmente, colectivos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, trabajadoras, jóvenes, universitarias, mujeres en situación de encierro, migrantes, mujeres rurales, campesinas, indígenas,  entre otras, para la construcción de una agenda de trabajo amplia, plural en el marco de las violencias por razones de género.

El acontecimiento no es solamente la elaboración de un Plan, tiene que ver con una nueva propuesta de hacer política y las políticas públicas recogiendo las históricas demandas de la agenda feminista, de mujeres y lgttbiq+ sumado a los temas que han sido invisibilizados porque tocan intereses de ciertos sectores que son patriarcales y económicos, como, por ejemplo, la agenda de los cuidados domésticos y familiares. Asimismo, es otra forma de hacer política porque atravesará al Estado en dos aspectos fundamentales: por un lado, en los contenidos de las políticas públicas ya atravesada por este enfoque que entiende la organización social sexuada y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de reparar con derechos; y, por otro lado, y que está absolutamente relacionado con lo anterior, la transformación de las prácticas y cosmovisión androcéntrica de los agentes estatales, ya sean trabajadores como funcionarixs.

El desafío que tenemos por delante, dado el acontecimiento, es poder construir una sociedad más igualitaria, otorgando derechos y respetando las diferencias. Un desafío que no será fácil porque las instituciones que rigen las normas y pautas sociales a través de leyes, políticas públicas, normativas institucionales, entre otras, como sus actores, funcionarixs, políticxs, empresarixs, trabajadorxs, ciudadanxs, debemos aprender y ejercitar la escucha del otrx diferente. Los feminismos contemporáneos han demostrado que las desigualdades por razones de género y sexualidad también están interseccionadas por la clase social y la etnia/raza, y que esos entrecruzamientos nos hace sujetos con identidades diferentes y relacionales. Trabajar en la construcción de una sociedad más justa tiene por delante la prioridad de reparar las históricas injusticias sociales y de género y el Estado tiene un rol fundamental en esta tarea.

*Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en estudios de género, sexualidades y violencias. Investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM y Directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual