La mitad de la población de nuestro país en edad de trabajar tiene problemas de empleo. Podemos dividirlo en tres "categorías" los que han perdido su trabajo recientemente, que en un gran número provienen de la ola de despidos que se ha dado a lo largo de todo el 2016 y que no ha cesado (por el contrario se ha incrementado) en los primeros 45 días de 2017. Los cálculos dan entre 250.000 y 400.000 personas, entre quienes estaban en blanco y por lo tanto son fácilmente "identificables" habiendo perdido su empleo y la masa más difícil de medir de trabajo en negro que ha pasado a ser desocupado.

Tenemos un segundo grupo, los que han quedado fuera del mercado del trabajo, marginados, desde hace muchos años, que ya ni siquiera figuran en la población económica activa, que integran las estadísticas de la pobreza. Muchas veces sólo son visibilizados cuando se habla del delito, o de la venta callejera informal.

Y, además, existe un extensísimo sector que se encuentra "trabajando" pero en condiciones de extrema precariedad, informalidad, algunos en negro, otros tercerizados u obligados a "facturar" como monotributistas, recibiendo muchos de ellos salarios incluso por debajo de los mínimos legales, sin coberturas jubilatorias o de obra social ni ningún tipo de derecho.

Frente a esta realidad dramática la solución debe ser tajante e integral. Partiendo en que nos encontramos en "emergencia ocupacional", lo primero que se debe hacer es prohibir por ley cualquier suspensión o despido, poniendo penas gravísimas a la empresa que lo viole, llegando a la expropiación de toda firma que despida, suspenda o cierre, y procediendo a su estatización y entrega de la gestión a los propios trabajadores afectados.

Esto provocaría un alto inmediato a la continuidad de la ola de despidos. Se nos puede cuestionar que los empresarios, ante tamaña medida dejarán de tomar nuevos trabajadores. Por eso debemos complementarla con la derogación inmediata de toda la legislación flexibilizadora que sobrevive desde la década del 90, terminando inmediatamente con esa maraña jurídica que habilita la tercerización, la contratación provisoria, las "pasantías" y otros mecanismos que facilitan la superexplotación todo trabajador debe pasar inmediatamente a ser legalizado como "de planta" con todos los derechos y el mejor convenio vigente en el colectivo de trabajadores de la firma. Al mismo tiempo también debe procederse a blanquear a todos los trabajadores en negro, con sanciones gravísimas a aquellos empresarios que violen esta disposición y absoluta protección al trabajador que denuncia su situación de informalidad.

Una vez que tenemos protegida a toda esta masa de trabajadores, tenemos que darnos un plan para crear nuevo empleo, fundamentalmente para todos aquellos que forman parte del grupo que se ha quedado estructuralmente fuera del mercado de trabajo, aunque también para los nuevos trabajadores que ingresan cada año a la población económicamente activa. Para eso se debe recurrir a la puesta en funcionamiento de un gigantesco e integral programa de obras públicas, que arranque con un gran plan de construcción de viviendas populares (que resolvería a la vez otro flagelo, el déficit habitacional).

Este plan ejecutado por el Estado y controlado por las propias organizaciones de trabajadores podrá por el efecto multiplicador de la construcción, crear centenas de miles de puestos de trabajo que no requieren alta calificación previa casi automáticamente.

El plan puede complementarse con la construcción o refacción de escuelas, hospitales u obras urgentes de infraestructura. Por supuesto que este programa debe dar cuenta estrictamente de cómo será financiado proponemos que el dinero surja de la cesación de pagos de los servicios de la deuda externa (a la que consideramos el robo sistemático más grande que sufre nuestra economía desde hace 40 años), de la eliminación de los subsidios a las grandes empresas y de una reforma impositiva progresiva que ataque la grandes fortunas, ganancias y otros intereses privilegiados hoy exentos (como ejemplos podemos poner la renta financiera, la restitución de retenciones a agroexportadoras y mineras, o un impuesto especial a las superganancias).

De esta forma, efectivamente, estaremos dando una verdadera batalla para resolver en el corto plazo el problema del desempleo, que de ninguna manera tendrá salida alguna si esperamos que la solución venga de etéreos "brotes verdes" o de supuestas inversiones extranjeras "benévolas".