Asistimos a un contexto de alta conflictividad social que se expresa en un aumento sostenido de la cantidad de protestas sociales sobre diferentes demandas y conflictos, así como la intensidad de las mismas. Desde el Observatorio de Políticas Públicas y reforma estructural de la FLACSO Argentina, registramos un aumento  del 30 % aproximadamente de la cantidad de acciones colectivas de protestas durante el periodo entre los Paros Nacionales del 25 de Junio al 25 de Septiembre de este año.

Este periodo inter paros coincidió con una brusca devaluación del dólar y, por consiguiente, un deterioro preocupante de las condiciones de vida de las mayorías populares. Esto sitúa al oficialismo en una disyuntiva, ya que sus promesas de bienestar a futuro se ven contrastadas constantemente con los perjuicios económicos y sociales que provocan las políticas de ajuste a la mayoría de la población en el tiempo presente.

La potencia de la resistencia de la sociedad civil frente a estas políticas queda evidenciada en la cantidad de protestas, y en el tipo de demandas esgrimidas donde se destacan las demandas de rechazo del “ajuste” encarado por el gobierno nacional expresadas en la reforma del Estado, la reducción del déficit fiscal, y el consiguiente recorte presupuestario y cierre de programas sociales, entre otros; las demandas laborales como despidos, pedidos de reapertura de paritarias, problemas en las condiciones de trabajo, entre otros; así como diferentes cuestiones vinculadas a la Educación , a la Economía popular, a cuestiones de Género  y de Derechos Humanos.

Sin embargo, la capacidad disruptiva de las mismas no termina de evidenciarse ya que el gobierno, con sus silencios y sus intentos de deslegitimación, no pareciera mostrarse poroso a estas demandas. Si bien la conflictividad social aumentó y esto expresa una tensión social mayor, podríamos pensar que esta no se traduce (y está lejos de serlo) en un escenario de ingobernabilidad. Al contrario, la protesta parecería ir por dentro de los canales previstos para su expresión y canalización política. Las demandas quedan expresadas en el espacio público y son activamente motorizadas y acompañadas, pero no logran mellar al gobierno. De hecho, la salida al Paro del 25J fue la devaluación y el aumento de la tasa de interés con sus consecuencias sociales y económicas.

Por otro lado, la fragmentación de las demandas expresadas, aún con momentos de articulación muy potentes como los Paros Nacionales, pero también con hechos como la concentración “La Patria no se Rinde” el feriado del 9 de Julio, o la movilización popular del Día de San Cayetano, es un elemento sustantivo para pensar la conflictividad social. Es claro, que aún en un escenario de agudización del ajuste económico y social, los principales actores de los conflictos sociales tienen, y así lo expresan, la decisión política de protestar sin poner en jaque la gobernabilidad de Cambiemos. La articulación política del abanico heterogéneo de actores sociales y políticos que protagonizan este periodo “entre paros”, es todavía un pendiente.

Por último, aunque no menor, es necesario poner la atención en la respuesta gubernamental a esta conflictividad social. Las respuestas tuvieron más que ver con deslegitimar los conflictos con argumentos neoliberales como la “politización del conflicto” (desconociendo la politicidad inherente a todo conflicto social) y su “utilización” por parte de sectores opositores, más que a la generación de políticas públicas que contengan a las demandas y sectores movilizados. A su vez, se aceitó la respuesta represiva y asistimos a un preocupante aumento de la misma, a través de diferentes dispositivos que fueron desde la persecución y el encarcelamiento de manifestantes y dirigentes sociales, el desprestigio público de referentes sindicales, sociales y políticos opositores, el intento de regulación de las protesta con el protocolo, y hasta la represión directa durante las movilizaciones. A esto hay que sumarle los lamentables casos de violencia institucional que desembocaron en el asesinato de dos referentes sociales en tan solo una semana. La represión como estrategia de contención del conflicto social no hace más que prender la mecha a que los actores que hasta acá estaban jugando dentro de la institucionalidad, opten por una radicalización de la protesta. Y al decir del sociólogo boliviano Luis Tapia, cuando las instituciones no dan respuesta, la sociedad civil las desborda.

El gobierno nacional optó por la desarticulación de las demandas, sectorializando los reclamos y la desmovilización social, a partir de la represión de las protestas y sus protagonistas. Este es el estilo de gestión de los conflictos sociales (junto con la opción represiva que parecía inconducente, pero que ha regresado) que el gobierno está instalando como forma de canalización de las demandas sociales. Sobre esta forma de articular la relación con la sociedad hay que poner el foco de atención.

*Doctora en Ciencias Sociales UBA - Docente Investigadora Área  Estado y Políticas Públicas - FLACSO Argentina