El principal problema al que se enfrenta el sector PyME es la contracción del mercado interno. Esto es producto, por un lado, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, originada en la devaluación de diciembre 2015, su consecuente traslado a precio y jubilaciones, asignaciones universales y acuerdos de paritarias por debajo de la inflación en años consecutivos.

Adicionalmente, las medidas de política económica vinculadas a la apertura de las importaciones y el aumento de las tarifas de servicios públicos, profundizan la caída en la rentabilidad de las PyMEs. Esta situación tiene un fuerte impacto en el nivel de empleo ya que el sector genera más de la mitad de los puestos de trabajo de la economía argentina.

La ciudad de Bahía Blanca es la principal ciudad al sur de de la provincia de Buenos Aires que se ha consolidado como una importante centro comercial y de servicios. Se destacan los entramados económicos que giran en torno al puerto y el polo petroquímico. Tanto el puerto, vinculado a las grandes cerealeras y aceiteras y las firmas que integran el polo petroquímico se han visto favorecidas por las actuales políticas económicas. Ahora bien, el derrotero de las PyMEs ha mostrado marcadas diferencias.

Resulta importante destacar que la participación de las PyMEs en Bahía Blanca tiene como principal sector al comercio (37%), seguido por los servicios (18%), la construcción (15%) y la industria (15%). A su vez se pueden mencionar los sectores de gastronomía y hotelería (11%) y el resto de las actividades (5%).

A partir de los resultados de la encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se advierte que en el año anterior el 54% sufrió una caída en las ventas, siendo ésta caída en promedio del 25%. En el mismo sentido, el 60% de las empresas manifestó haber reducido la cantidad de empleados entre el 2016 y el 2017, dándose la mayor cantidad de despidos durante los últimos trimestres del año anterior. En consonancia con los datos que fueron mencionados anteriormente, el 42% de las empresas encuestadas manifestó que durante el año 2016 atravesó una fase de achicamiento y el 33% presentó estancamiento. Por otra parte, el 21% consideró que presentó crecimiento normal y sólo el 4% experimentó una fase de crecimiento acelerado.

La inversión también mostró comportamientos de retracción notoria. En el año 2016, el 64% de las firmas PyME de la ciudad no realizaron inversiones, mientras que el 36% sí realizo. Ahora bien, para el año 2017 el panorama se complejiza ya que el 74% de las empresas consultadas manifestó que no realizará inversiones en lo que queda del año. Dicha situación obedece al aumento de la tasa de interés, la caída de la rentabilidad y las bajas expectativas de reactivación del mercado interno.

Respecto a los salarios, el aumento promedio en el año 2016 declarado por las PyMEs encuestadas fue del 23%. Considerando el Índice de Precios del Consumidor del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA), la variación asciende al 37%. En términos de lo que ocurre en el año 2017, analizando la inflación medida entre enero y junio la inflación acumularía un 23%, mientras que los salarios estimados para el año tendrían un aumento del 19%, según datos manifestados por las empresas encuestadas.

A partir de estos datos, se observa que la pérdida de poder adquisitivo del salario fue de 14 puntos porcentuales en 2016. Para este 2017, realizando una estimación inflacionaria con los datos del mismo centro, se registra una pérdida del salario en relación a la inflación, esta vez, de 4 p.p.

Estos resultados muestran cómo se genera un circulo vicioso en el cual la pérdida en el poder adquisitivo, sumado a la ola de despidos iniciada a partir de diciembre de 2015, impacta en el volumen de ventas del sector en el mercado interno que consecuentemente se refleja en suspensiones, disminución de la jornada laboral y hasta reducción de personal de las plantas, reforzando nuevamente la contracción del mercado interno.

En conclusión, resulta evidente que el sector PYME no constituye un actor de relevancia en la agenda del actual Gobierno, que sistemáticamente favorece a los sectores más concentrados y a las grandes empresas.