El tiempo del debate, como en el 2018 y en todos los años que venimos debatiendo el aborto legal, demuestra que estamos frente a un problema de salud pública y un tema complejo. Los reduccionismos no nos ayudan a resolver los problemas de acceso a la salud.   Por eso, para tener una mirada transfeminista a favor de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar es necesario desmontar ciertas ideas naturalizadas, información falsa y lugares comunes que se transforman en violencia.

Muchas veces la idea de la mujer y la madre aparecen juntas, asociadas, homologadas. “Mujer es madre”, parece decir el sentido común del patriarcado. Quienes luchamos por la autonomía y la identidad, por el goce pleno de derechos, sabemos que esa idea arbitraria del machismo es necesario desmontarla.

Una mujer o persona con capacidad de gestar tiene muchos modos de poder pensarse en proyectos de vida y que a veces incluyen la maternidad y a veces no. Una discusión que no está saldada porque la homologación de mujer y madre es histórica, es política y es social. No es un emparejamiento de términos ni un destino prefabricado para nosotras de modo ingenuo.

Cuando hablamos de una mujer que cursa un embarazo, rápidamente ponemos palabras que tienen que ver con esta noción machista y naturalizada. No toda mujer que está embarazada se siente madre.

Nos estamos planteando que esa situación por la clandestinidad y la criminalización se transforma en un problema social y sanitario. Un problema que si no es atendido y regulado por el Estado se convierte en abandono y riesgo.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo busca cuidar la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar a la vez de acompañarlas en el proceso, cualquiera sea la decisión que tomen. Acompañar situaciones que ya existen. Ni la criminalización ni la clandestinidad detienen a nadie. El aborto, nos guste o no, estemos a favor o encontrar, sucede. Es una práctica cotidiana e histórica. Esta ley viene a reconocer un derecho postergado y a darles las condiciones necesarias a las personas con capacidad de gestar para que decidan en libertad.

La interrupción voluntaria del embarazo se inscribe en el marco de otros tantos proyectos o políticas públicas que buscan garantizar la salud y desmontar la violencia, por ejemplo, el programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Podemos hablar de todas las políticas públicas que tenemos en nuestro país, vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo de una política clave: las consejerías.  Esos espacios de escucha y acompañamiento que este proyecto contempla.

Quiero detenerme en las consejerías con especial atención. Las consejerías han funcionado y están funcionando en distintos punto del país. Hemos escuchado diferentes ejemplos de consejerías que apuntan a pensar con esa mujer o persona con capacidad de gestar cuál es la situación, cómo llegan a esa situación, y qué otras alternativas puede llegar a encontrar. Hay algunas personas que en esas consejerías y en esos ámbitos deciden no interrumpir el embarazo y hay otras que sí continúan con esa posición. Hay mujeres adolescentes que pueden decir en estas consejerías que no quieren abortar, pero que sienten una presión de su familia. La ley de aborto legal trae acompañamiento y tranquilidad, una política de cuidados. Nunca más una mujer o persona con capacidad de gestar va a estar sola o preocupada por cómo hacerlo, por cómo juntar el dinero. La ley trae una respuesta al problema de salud pública y fortalece la autonomía en cualquier sentido que la persona decida.

En este contexto, el proyecto de IVE no es un proyecto que nace ahora, que marca ahora una situación problemática, sino que hay una historia de luchas que venimos llevando muchxs y también muchxs que ya no están pero nos han marcado el camino. Por la salud, por la vida y por la libertad.

* Lic. en Psicología. Diputada Nacional por Frente de Todos. Twitter: @MoniMacha