La categoría "nuevos pobres" se instal�� con fuerza en los debates de las ciencias sociales de nuestro país y la región en los años '80, sobre todo en los primeros años del alfonsinismo. Con ella se pretendía designar una nueva fracción social integrada por sectores medios que habían sufrido un proceso de pauperización debido a la pérdida del empleo, el deterioro del salario, o las mayores condiciones de precariedad en la relación laboral. Si Argentina se podía preciar hasta mediados de los setenta por contar con elevados niveles de formalidad en el empleo, contrastando con buena parte de los países vecinos, la democracia de la post-dictadura debía lidiar con un escenario dramático en el que la condición de trabajador ya no era sinónimo de determinados niveles de bienestar que aseguraran un piso de integración social.

El discurso de asunción de Alfonsín en diciembre de 1983 condensaba las promesas de una democracia que debía dar cuenta del conjunto de las necesidades sociales, ante la evidencia de que el trabajo asalariado por sí mismo sería incapaz de resolverlas para una parte importante de la sociedad. El Estado debía intervenir para garantizar alimentación, educación y salud que las clases populares habían resuelto durante décadas por vía del trabajo asalariado.

En mayo de 1984 se lanzó el Programa Alimentario Nacional, popularizado como Caja PAN, una política consistente en la distribución masiva de alimentos de amplia cobertura que alcanzó 1,4 millones de familias. El Programa se concibió de carácter transitorio en un contexto de emergencia y establecía otras prestaciones de tipo sanitarias y educativas para lo cual el Estado desplegó una importante intervención en el territorio censos, distribución de bienes, reuniones con las familias "beneficiarias", entre otras.

La Caja PAN inauguró una modalidad de intervención del Estado sobre la cuestión social por medio de políticas de asistencia no fundadas en el reconocimiento de derechos. Sobre todo a partir de los años '90 el Estado implementó un conjunto de políticas de distribución de recursos bajo la forma de planes de transferencia condicionada (con contraprestación laboral, por ejemplo), limitado a "poblaciones objetivo" esto es, segmentos específicos dentro de un universo mayor de pobres y desocupados- y por períodos de tiempo acotados.

Así, buena parte de las clases populares urbanas de nuestro país se vieron empujadas a entrar en una pugna constante por la obtención de recursos siempre insuficientes y acotados- que se ponen en juego a través de las redes de mediación estatal partidarias en los territorios. Estas lógicas de intervención estatal redefinieron las formas de la sociabilidad y politicidad popular en las periferias urbanas de las grandes ciudades hasta el día de hoy.

Hay dos libros centrales para el estudio del tema en nuestro país, a los que el título de la columna hace referencia "La política de los pobres" de Javier Auyero y "Pobres Ciudadanos" de Denis Merklen.