La relación entre las elites y la democracia es objeto de recurrente controversia, pues encierra un problema quizá irresoluble: ¿es posible, o legítima, la desigualdad en una sociedad cuyo principio fundamental es la igualdad? Para toda una tradición de pensamiento, que incluye nombres tan diversos como los de James Madison, Gaetano Mosca o Vilfredo Pareto, el fenómeno elitista no es contradictorio con la democracia, sea que ésta se conciba como una forma de sociedad o como un régimen político (es decir, como democracia representativa). Así es porque, para estos pensadores, las elites nuclean a los “mejores”, surgidos en la sociedad por el mérito y en la política por el sufragio. Las “aristocracias” no son una distorsión de la democracia, sino una condensación de sus virtudes, siempre y cuando, claro está, eviten degenerar en “oligarquías”, por un excesivo cierre de sus filas o por una desmedida ambición de poder.

Para otras perspectivas, en cambio, las elites son productos impropios de una sociedad o de una política democráticas. En este terreno, así lo exponen, por ejemplo, las insatisfacciones contra la democracia representativa en nombre de una mayor participación ciudadana o de formas políticas más horizontales. Estas miradas alumbran una dimensión quizá descuidada o subestimada por quienes enfatizaron una relación de correspondencia entre elites y democracia. Si, como estos afirmaban, la democracia no sólo generaba sus propias elites, sino que podía dotarlas de una considerable legitimidad al surgir en medio de la “igualdad de condiciones”, esa misma naturaleza expone a las elites a un mayor escrutinio y eventualmente a mayores críticas que allí donde la desigualdad es concebida como “natural” a los seres humanos.

Si volvemos la atención a la Argentina, no es exagerado señalar que las elites gozan, históricamente, de mala reputación. Por lo recién dicho, esto no sería necesariamente original, sino una versión singular de una polémica que atraviesa a todas las sociedades que se asumen como democráticas. De todos modos, hay motivos locales para que los juicios críticos sobre las elites sean una nota característica de nuestra memoria histórica: el errático rumbo del país; un igualitarismo social y político que ha motorizado prácticas, expectativas y representaciones; el hecho más elemental de que su rol de grupos dirigentes les confiere una responsabilidad notoria en los destinos colectivos.

Hay, sin embargo, algo más. La desconfianza hacia las elites tiene uno de sus fundamentos en una opinión negativa muy extendida sobre el elenco que las integró en un determinado momento, las familias tradicionales o "patricias", generalmente conocidas como "la oligarquía", rótulo bajo el que se suelen fusionar dirigencias políticas y sectores propietarios, y cuya actuación se ubica entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Sin espacio aquí para analizar si esta caracterización es o no apropiada, sí puede plantearse una observación. La usual asociación entre elites y “oligarquía” (es decir, suponer que las elites argentinas son reediciones de un elenco clásico o exponentes de intereses similares), puede incubar un riesgo: que la crítica a un grupo histórico específico y la proyección de sus conductas sobre grupos propietarios o dirigencias políticas de otros momentos del pasado o del presente se entienda como el modo idóneo de someter a escrutinio la acción de las elites contemporáneas. Concebir las elites del presente desde el prisma de determinadas elites del pasado puede ocluir, en realidad, un tema deseable y necesario en el debate público: qué tipo de sectores dirigentes tiene, y en todo caso debería tener, la democracia representativa en la Argentina.