Este mes el índice inflacionario superará al de enero debido al tarifazo de la luz, que es de hasta un 148% y el segundo aumento en poco más de un año. Ante la lógica bronca popular, el ministro nacional de Energía y ex CEO de la corporación Shell, Juan José Aranguren, aconsejó utilizar menos el lavarropas, el microondas, la plancha y encender menos luces&

Pero este incremento de la tarifa eléctrica, que se repetiría en noviembre, está lejos de ser el único. El gas también subiría un 33% en abril y otro 33% en octubre. A principios de año aumentó la nafta, el ABL y luego las prepagas. Y todo es así, en una continuidad inflacionaria que viene deteriorando día tras día los salarios, las jubilaciones y los planes sociales.

La contracara de este "sinceramiento" tarifario de los servicios, que continúa favoreciendo el curro de las privatizadas, es la ofensiva gubernamental y patronal contra los derechos laborales, en especial el salario. Se estima que en 2016 el salario de los trabajadores en blanco perdió en promedio un 8% de su poder de compra. Y peor para los que están precarizados, que son más del 40% de la fuerza de trabajo.

Una ofensiva antiobrera

"Bajar el costo laboral" se ha vuelto una de las consignas directrices del gobierno de Mauricio Macri, en beneficio de las corporaciones y con la excusa de "ganar en competitividad". Este ataque antiobrero consta de tres arietes esenciales

Techos salariales. Aunque el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne lo niegue con descaro, el gobierno nacional pretende imponer un techo del 17 o 18% al aumento salarial en las negociaciones paritarias, tope que está por debajo de la inflación prevista del 25%. Por eso, en una actitud gorila, apelará el acuerdo paritario logrado por la Bancaria. Otra fuerte pulseada será la paritaria docente, con un legítimo reclamo en puerta.

Despidos y suspensiones. Pese al "acta-compromiso" que firmaron meses atrás el gobierno, los grandes empresarios y la CGT, durante el 2016 se perdieron 241.000 puestos de trabajo en el sector público y privado (CEPA). Y en lo que va de este año en promedio hay 64 despidos por día, aparte de las suspensiones como en el sector automotriz y otros. Como es sabido, el aumento del desempleo empuja los salarios a la baja.

Mayor flexibilización laboral. Con un decretazo, Macri modificó la ley de ART para que todo trabajador accidentado antes de iniciar juicio deba pasar por una "instancia administrativa previa". Alentó el convenio que firmó la burocracia del sindicato petrolero, que empeora las condiciones de trabajo. Y con menemismo recargado, busca profundizar los contratos a prueba, la multifuncionalidad, la jornada flexible y otras pérdidas de derechos.

Enfrentar el ajuste macrista

Más allá de algunos cacareos de ocasión, en lo esencial la CGT unificada viene dejando pasar el ajuste macrista. Entre otras agachadas, amagó con un paro nacional si Macri vetaba la ley antidespidos, pero ante el veto no hizo nada. Y lo mismo frente al mísero bono de fin de año. Ahora anunció una marcha para el 7 de marzo y un posible paro a fin de ese mes, pero no son garantía. A su vez las CTA han impulsado algunas acciones, aunque sin la continuidad necesaria.

Lo que hace falta es un paro nacional y un plan de lucha. Esa es la tarea que hay que empujar desde abajo, en cada lugar de trabajo, en cada gremio público o privado. Los conflictos del CONICET y el Ministerio de Educación, la firmeza de los trabajadores de AGR Clarín y las protestas docentes confirman que voluntad de lucha sobra.

Ante el ajuste macrista tenemos propuestas alternativas junto con defender los salarios y las conquistas laborales es preciso prohibir los despidos por ley, bajo pena de estatizar con control social la empresa que incumpla; también reducir la jornada laboral con igual salario para repartir las horas de trabajo; y paritarias libres, sin techo y salarios con indexación automática según la inflación real. En definitiva, la crisis la tienen que pagar aquellos que la provocaron los capitalistas.