Los movimientos sociales renovaron decisivamente la comprensión de la actividad política en el seno de la vida social. En su sentido más evidente, se trata de movilizaciones colectivas que extienden significativamente los límites de las actividades políticas formales de las democracias liberales, centradas en el voto, en la participación en partidos políticos, o en la labor de políticos profesionales. La misma constitución de un movimiento social, del cual comúnmente son protagonistas grupos sociales subordinados en las relaciones de poder, representa un desafío abierto a órdenes de dominación estructurados sobre la base de distinciones de clase social, género, sexualidad, etnia, raza, y generaciones.

La participación en este tipo de movimientos se sostiene en redes interpersonales activas en la vida cotidiana como el parentesco, la amistad, o la vecindad; así, lugares tales como viviendas familiares, puestos en mercados o conversaciones en los barrios se convierten en espacios importantes para la discusión y el debate político. Las fuerzas del entorno, los ancestros, o los muertos definidos como mártires también juegan un papel activo en el compromiso político y en el mandato de movilizarse colectivamente. 

Durante la década del noventa, los movimientos sociales se destacaron por su actuación en protestas públicas contra los efectos de programas neoliberales de ajuste estructural. Fundaron esas protestas sobre un lenguaje de derechos -derecho a la vida digna, el trabajo, la vivienda, la educación, la tierra, o la salud- heredado del Movimiento de Derechos Humanos y cimentado en aprendizajes prácticos de vinculación diaria con el Estado en reclamos de diversa índole. En esta trayectoria, las políticas de transferencia condicionada de ingresos, conocidas popularmente como “planes”, significaron un punto de inflexión profundo para la dinámica cotidiana de los movimientos sociales cuyos efectos centrales perduran hasta la actualidad.

Este tipo de políticas, con diseño y financiamiento inicial de Organismos Multilaterales de Crédito, comenzaron a aplicarse masivamente a mediados de la década del noventa para responder tanto al aumento del desempleo como a las incipientes protestas de personas desocupadas. Se distinguen de otras al ofrecer una suma de dinero mensual a cambio de la contraprestación de los beneficiarios en proyectos comunitarios o productivos; y se inscriben en una retórica neoliberal del Estado mínimo, promoviendo la descentralización de funciones en organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, los movimientos sociales se iniciaron en la gestión colectiva de estos programas y tendieron a una mayor reglamentación y especialización de sus prácticas. Esta nueva dinámica de funcionamiento continuó operando bajo los denominados gobiernos progresistas, los cuales incentivaron la asociación cooperativa o la fundación de emprendimientos productivos como una forma de generación de empleo.

A lo largo de los años, los movimientos sociales lidiaron sistemáticamente con un sinfín de estrategias represivas, como intentos deliberados por encuadrar parte de sus prácticas como figuras delictivas incorporadas al Código Penal, o, más dramático aún, muchos manifestantes han sido encarcelados o perdieron sus vidas en el marco de protestas públicas. 

De modo reciente, se acrecentó el número de imputaciones judiciales aduciendo asociación ilícita y fraude a la administración pública, colocando bajo sospecha la labor cotidiana en la gestión colectiva de políticas públicas. El sentido común también amplificó la opinión que equipara mecánicamente movimiento social con asociación ilícita, omitiendo la consideración sobre las condiciones históricas que habilitaron la gestión de políticas públicas por parte de movimientos sociales. O, más grave aún, desconociendo la contribución palmaria de los movimientos sociales a la democratización del sistema político y las relaciones sociales durante los últimos cuarenta años de historia en nuestro país.

* Doctora de la Universidad de Buenos Aires, con mención en Antropología Social. Investigadora Adjunta del CONICET, especialista en el estudio de movimientos sociales populares y urbanos.