Una nota característica del 2019 fueron los sucesivos estallidos sociales y políticos en países de la región como Ecuador, Chile y Bolivia. En los dos primeros países mencionados, el alza del precio del transporte público como consecuencia del aumento del precio de los combustibles constituyó el detonante para poner en cuestión el orden social y develar las debilidades de las formas de representación del sistema político. En La Paz se produjo un estallido social violento por razones vinculadas a dificultades en el proceso eleccionario y al surgimiento de una derecha muy conservadora que provocó un golpe de Estado, al amparo de algunas debilidades del gobierno anterior que a la vez cuestionaba los logros progresistas del gobierno de Evo Morales resaltando símbolos coloniales de poder, negadores de una sociedad más igualitaria y pluricultural. Las calles de Quito, Guayaquil, Santiago y luego las de La Paz fueron la expresión de un profundo malestar social que también se viene expresando en París y en países más desarrollados pero con crecientes niveles de desigualdad social, en los cuales también el aumento del transporte y la precarización laboral dominan la escena social.  Los estallidos se parecen, son profundamente violentos, anómicos, destructivos de la propiedad privada y del espacio público. En ese contexto largamente descripto en la prensa y también en artículos más profundos, se daba cuenta de desigualdades sociales persistentes, de ciudades fragmentadas y de un espacio público no accesible para todos por igual. 

En este contexto y en el medio del año electoral que atravesó la escena pública en la Argentina temíamos que hubiera un efecto dominó de las reacciones de violencia que expresaban las sociedades de países limítrofes… ¿Cuáles podrían haber sido las causas? El avance de la brecha social:  la pobreza  alcanza el 40 por ciento de la sociedad argentina, siendo el 50 por ciento si nos referimos al universo de niños y adolescentes, reaparición de enfermedades sociales -las cuales evidencian el  deterioro de la salud pública-, creciente desempleo -como consecuencia de reiteradas devaluaciones provocadas por estrepitosas subas del dólar-, inflación permanente, suba del costo de los alimentos y servicios públicos, deterioro de la capacidad adquisitiva del salario.  Sin embargo, hay  tres dimensiones que, podríamos conjeturar para  comprender por qué la sociedad argentina no era la misma del 2001 y estas variables no producen violencia social ni política. Podríamos pensar en dos procesos combinados que no habilitarían a la expresión de manifestaciones de violencia sistémica y anómica, frente a un panorama tan desolador en un país que fue a principios del siglo XX el más rico de América, que atraía masivamente inmigrantes y con posibilidades de un futuro que no se plasmó. Por un lado, suele hacerse referencia a la presencia de distintos niveles de organización de la sociedad argentina.  A pesar del crecimiento de un sector de la población que trabaja sin relación de dependencia, aún existe un importante nivel de organización sindical que opera también en la memoria. Incluso, los trabajadores tercerizados del ferrocarril por ejemplo -cuya condición laboral no depende de Ferrocarriles sino de una empresa que los contrata-, también suelen organizarse en relación a sus demandas laborales.  

Organización de la sociedad civil y vinculación con el sistema político democrático: las claves argentinas frente a la crisis social

Y por último, es necesario mencionar nuevamente que a pesar de las fallas y las dificultades, el sistema político se fundó democrático en todas sus facetas desde el comienzo de la democracia y fue tal su legitimación que con el tiempo habilitó a la formación de un partido de centro derecha que juega sus intereses al interior del sistema democrático y si bien, de vez en cuando aparecen voces  de la derecha clerical y reaccionaria, no pone en cuestión las reglas del juego democrático.  A diferencia de Bolivia o Chile, sobre todo, los Juicios a las Juntas Militares en el gobierno de Alfonsín, y la recuperación de la bandera de los DDHH en el gobierno de Néstor Kirchner, terminaron de consolidar -a pesar de sus fallas y en particular en el plano del poder judicial-,  un orden democrático como instancia de procesamiento y canalización de los conflictos sociales. 

*Investigadora del Área Estudios Culturales. Instituto Gino Germani- FSOC-UBA