Días atrás, directores de diversos Institutos dependientes del Conicet de 18 provincias se autoconvocaron en Córdoba para analizar la actual política científica y formular propuestas. La cita -histórica por el carácter plural, federal e interdisciplinar- se produjo luego de que se dieran a conocer los resultados del concurso de ingreso a la Carrera de Investigador Científico correspondientes al año 2018. De los más de 2500 becarios/as y doctores de diversas áreas que postularon sólo ingresaron un 17%. El encuentro culminó con un documento en el que, además de denunciar la drástica disminución en los ingresos de investigadores, los Directores de Institutos solicitan un aumento de emergencia del presupuesto, la normalización política del directorio del organismo (dado que aún no fueron nombrados Mario Pecheny y Alberto Kornblihtt, ya elegidos por sus pares) y la restitución del rango de Ministerio a la actual Secretaría de Ciencia y Tecnología.

El fuerte desfinanciamiento de las actividades científicas producido desde 2016 ha implicado un retroceso en las discusiones que la comunidad venía sosteniendo. Los debates previos en torno a la articulación con el sector productivo y el mercado, la convivencia poco planificada con las Universidades Nacionales, los criterios de evaluación de sus miembros y producciones, la conformación de un convenio colectivo que enmarque la especificidad de los y las trabajadores/as de la ciencia, entre otras cuestiones, reflejaban que el estado de la ciencia en Argentina hasta 2015, luego de un importante proceso de crecimiento, distaba de ser perfecto o exento de contradicciones.

Sin embargo, la asfixia a la que se ha llevado la reproducción de las actividades científicas en los últimos años ha corrido el eje de las discusiones hacia el reclamo por la mera supervivencia de las mismas. En este nuevo contexto volvió a instalarse un debate que parecía saldado: la necesidad de sostener con esfuerzo público el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Argentina. A medida que el presupuesto se achica año tras año, el gobierno de Cambiemos ha alimentado la idea de que la inversión en el sector es un derroche improductivo.

En un mundo en el que las disputas geopolíticas pasan cada vez más por el conocimiento, los argumentos apenas deberían esgrimirse. Como lo demuestra la historia de prácticamente todos los países más desarrollados, la innovación científico-tecnológica es uno de los principales catalizadores del crecimiento económico. Los descubrimientos y desarrollos de patentes pueden ayudar a resolver el problema de restricción externa que sufre estructuralmente nuestro país, reemplazando el pago de regalías y favoreciendo la sustitución de importaciones. Sin embargo, desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, se ha priorizado la actividad financiera por sobre la productiva y, dentro de ésta, la actividad primaria por sobre la industrial. La política de destrucción del aparato científico-tecnológico es, en parte, una consecuencia lógica del modelo económico llevado a cabo por Cambiemos.

Otra idea que ha vuelto a circular afirma la irrelevancia de financiar investigaciones que aparentemente no tienen que ver con la resolución de problemas concretos. Es sabido que el desarrollo del conocimiento general permite a mediano y largo plazo “aplicaciones” beneficiosas para el conjunto de la sociedad. El Estado debe estar interesado en la construcción de conocimiento original, soberano y autónomo, más allá de si éste es finalmente aplicable o no. Como dijo nuestro premio nobel Bernardo Houssay: “no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar”.

En este contexto crítico, la saña de los discursos oficiales se vuelca con mayor ímpetu sobre las Ciencias Sociales. Éstas tienen un rol poderoso y específico, tanto en sus usos concretos como en el avance del conocimiento general de procesos sociales o teorías. Las transformaciones en el mundo del trabajo, las desigualdades y violencias de género, la transmisión intergeneracional de la pobreza, las tendencias excluyentes del mercado inmobiliario, las migraciones, el delito y la propia práctica científica –dentro de un larguísimo etcétera- constituyen temas que son abordados con compromiso y seriedad por equipos de investigación que tienen años de desarrollo y que deberían ser prioritarios para un Estado preocupado por el bienestar de las mayorías.

La ciencia debe ser una política de Estado en Argentina, independientemente de las alternancias de gobierno. Es indispensable que el Congreso Nacional apruebe una ley de financiamiento para Ciencia y Técnica en pos de garantizar la previsibilidad del presupuesto y, por lo tanto, la sustentabilidad del sistema científico.

*Doctor en Ciencias Sociales, Becario posdoctoral del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Docente de la Universidad de Buenos Aires. Twitter: @leandrogamallo