Me piden delinear las “actuales prioridades económicas argentinas”. Me siento obligado a empezar aclarando que esas prioridades no siempre coinciden con las sociales. Si las prioridades económicas las define el poder económico ya hemos visto, de 2015 a 2019, cuál es el resultado social. Aunque en ese caso el poder económico tomó por asalto al estado y no dudó en usarlo en su beneficio y en contra de la mayoría de la población.

El actual Gobierno fue elegido para mejorar la relación entre las prioridades sociales y las económicas. No se puede pensar que las prioridades sociales son diametralmente opuestas a las económicas, pero sin duda tienen diferencias en las que debe intervenir y definir el Estado encarnado en un gobierno. Hasta ahora las medidas tomadas, con solo seis meses en el poder, parecen mostrar que hay equilibrio entre lo que prefiere y pide el poder económico y lo que necesita la gran mayoría de la población. Las medidas sanitarias de cuarentena son una muestra plena en este sentido al mantenerse a pesar de la presión mediática del poder económico. El programa ATP de pago de sueldos privados desde el Estado, en cambio, parece mostrar intenciones sociales fuertes pero con un claro exceso de generosidad. Las condiciones iniciales tuvieron que ser ajustadas por la presión de los escándalos ventilados en relación a abusos y avivadas.

El Estado sigue sin pedir nada a cambio de su ayuda a muchas empresas que promueven activa y mediáticamente la reducción de impuestos y gasto público. Peor aún, las pocas condiciones que se impusieron para el ATP son hacia adelante y puede ser otorgado a empresas que han ganado y fugado cientos o miles de millones de dólares antes de la cuarentena. También reciben ATP empresas de servicios con tarifas delirantes que se hicieron impagables para la población y la mayor parte del sistema productivo además de alimentar la mayor inflación anual desde 1989. Tenemos también a los bancos, que no solo ganaron fortunas en los últimos años sino también durante los doce años del gobierno anterior. Sin embargo el Gobierno no consigue que estos bancos, que ayudaron en la fuga y consiguieron miles de millones de ganancias en la bicicleta financiera macrista, le presten a las PyMEs para evitar que quiebren en la cuarentena. El Banco Central sigue manteniendo las LELIQ como manera de pagarle a los bancos por no prestar y aunque la tasa que se les paga haya bajado mucho, sigue siendo mucho más alta que la que pagan los bancos a los ahorristas. Y de todos modos, aunque la tasa sea la mitad que en la era macrista, las LELIQ ya son el doble, alcanzando los 2,4 Billones de pesos según el último balance (1), lo que lleva a que el Estado le siga pagando casi los mismos miles de millones de pesos que le pagaba hace un año a los bancos por no prestar.

Claramente, las prioridades del poder económico financiero no están alineadas con las prioridades sociales y el Estado no está operando para alinearlas. Hay acciones del actual Gobierno que demuestran un cambio profundo en la priorización de lo social por sobre lo económico a la hora de encarar soluciones para problemas crónicos de Argentina. La lucha contra la inflación del gobierno es casi diametralmente opuesta a la del Macrismo. Del 2015 al 2019 se aplicaron recetas monetaristas importadas de países que las crean especialmente para exportarlas a través de “economistas útiles al poder” (2), se “secó la calle de pesos” y así se trató de combatir la inflación. El resultado fueron las ganancias de los bancos mencionadas y una inflación record con un mercado interno y salarios reales en caída. En estos meses, el Gobierno evitó las recetas monetaristas y financió con emisión las ayudas a la población más empobrecida con el IFE y con ayudas especiales a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene a raya la inflación con medidas de control a los formadores de precios.

Hay muestras de un cambio profundo en el equilibrio de prioridades sociales y económicas, resta ver qué hará el Gobierno con algunos grandes temas pendientes de definición en esta puja. La negociación de la deuda y la definición del caso Vicentin serán dos pruebas difíciles en que el rol del Estado arbitrando esas prioridades quedará muy claro, para bien o para mal. 

(1) Último balance semanal publicado por el BCRA 23/6/2020 https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/econ0200.pdf

(2) “El poder y el economista útil” es el título de un memorable discurso de John K. Galbraith, uno de los pocos economistas que incorporan el poder real a sus análisis. https://www.eumed.net/cursecon/textos/galbraith-poder.htm

*Economista. Ex asesor del BCRA, ex Consejero del Consejo Asesor de la AFIP, Ex asesor del Congreso Nacional y colaborador/expositor de Tax Justice Network. Twitter: @juanvalerdieco