El 30 de diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos firmó un Decreto Nacional haciendo una excepción a la ley de empleo, que prohíbe a personas de otras nacionalidades ser parte de la administración nacional nombraron a un norteamericano como director de informática de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, de forma tal que la legalidad del Boletín Oficial digital y las firmas digitales de los ministros dependen de él.  

El 21 de enero de 2016 el Presidente Macri se reunió con la CEO de Facebook en la cumbre de Davos, y acordó que Argentina se convirtiera en el primer país en someterse al experimento "Facebook at work", mediante el cual el Ministerio de Modernización administra los expedientes y el trabajo cotidiano de los empleados públicos a través de la plataforma corporativa de código cerrado de esta empresa privada estadounidense, sometiéndose a todas sus normativas de gestión y sesión de datos a terceros. Un hecho inédito a nivel nacional y a nivel mundial, que entra en contradicción con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Este mes, el mismo Ministerio anunció la firma de un convenio con Amazon para cargar información pública en la nube de servidores privados de países no identificados.

De este modo, a través del Ministerio de Modernización, el gobierno de Cambiemos entrega datos personales sensibles de argentinos y de las labores del Estado argentino, una violación de derechos humanos y una vulneración de la soberanía nacional, a través de plataformas informáticas y comunicacionales extranjeras y privadas.

En medio de este marco de entrega de soberanía informática y comunicativa, Macri se comprometió con el Presidente Trump, a adherir a la Convención de Budapest sobre ciberdelitos y para lo cual envió un proyecto de Ley que ya fue aprobado por el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.

Argentina tiene un problema importante en esta área y es que aún no tiene una definición clara de qué es ciberdelito en su normativa ni una estrategia para prevenirlo. De hecho, la cuenta de Twitter de la Ministra de Seguridad pudo ser hackeada, al igual que el sitio web del Ejército Argentino.

La Convención de Budapest que la Argentina debate, tiene aspectos positivos y otros muy riesgosos, como el permiso de acceso transfronterizo de datos. Países que sufren espionaje de gran escala por parte de Estados Unidos y los países centrales como Brasil, China y Rusia no han adherido y firmaron convenios bilaterales cuando lo necesitaron. Por el momento, pareciera que la reglamentación e implementación de esa convención, más que a una estrategia propia, respondería a los criterios de la Subsecretaría de Tecnología y Ciberseguridad del mismo Ministerio que ha venido privatizando y extranjerizando lo relativo a la soberanía digital, e importando un estado de excepción a nuestras normativas locales a través de las redes de comunicación.