La inversión educativa se encuentra en caída libre desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Además, incumple el Artículo 9 de Ley de Educación Nacional que garantiza que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no deberá ser inferior al seis por ciento (6%) del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante el macrismo no ha parado de deteriorarse el financiamiento que se dispone como consecuencia del ajuste sobre el sistema universitario, situación que se agrava por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Nacional (FMI) que demanda que el recorte presupuestario sea mayor.

En el 2015 ― último año en que se respetó la Ley de Educación Nacional ― la inversión educativa fue del 6,1% del PBI. Mientras que, en el 2016 fue del 5,8% y en el 2017 del 5,7%, observándose un sostenido recorte durante los años de la gestión de Cambiemos, según el informe del IEC-Conadu.

En lo que respecta a la transferencia a las Universidades Nacionales, observamos que la inversión pasó de poseer una tendencia creciente tras un promedio de crecimiento del 0,83% durante el periodo 2012-2015, alcanzando un pico de 0,85% en el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a presentar una tendencia que se revierte con un promedio a 0,77% desde el 2016 y alcanzando el 0,72% del presupuesto en el 2019.

Los números no dan y no cierran por ningún lado. Es por eso que el Consejo Interuniversitario le solicitó 4 mil millones extras para poder llegar a un lejano fin de año. Las últimas corridas cambiarias junto con el incremento de los precios generaron la imposibilidad de afrontar los pagos de los servicios y de los insumos que se encuentran dolarizados.

Para este año el presupuesto universitario aprobado fue de 140 mil millones de pesos ― previa corrida cambiaria post-PASO 2019 ― por lo que, frente a este nuevo escenario y cuando incluso los rectores advirtieron que no alcanzaría, se vuelven a reunir para solicitarle esta partida extra para ser repartida entre las universidades.

A esto debemos sumarle que distintas universidades coinciden que desde principios del 2019 se han discontinuado todos los programas/proyectos/acciones financiados por los organismos estatales (ministerios de Educación y Desarrollo Social).

Universidades públicas: lo que no se ve del ajuste

“Hasta julio del año pasado brindábamos 7000 porciones diarias. A partir del mes de agosto nos vimos forzados por la alta demanda a incluir el turno noche, llegando casi a las 10.000 raciones por día. En este primer semestre los picos de demanda fueron de 7500 de día y 2500 de noche”, agregó Marcos Actis.

Además, los datos nos enseñan que cuando comienza y cuando finaliza el semestre disminuyen considerablemente esos números las primeras y las últimas semanas del semestre correspondiente, lo que significa a las claras que los alumnos van exclusivamente a comer a la universidad cuando se encuentran en la ciudad. Una tendencia que se agrava como consecuencia de haberse interrumpido el menú universitario (a precio subsidiado) para los estudiantes de grado en 2019. Sumado a que la universidad deberá hacerse cargo de 40 becados que no entraron al CONICET.

Las cifras, que son objetivas, también son muy claras ¿verdad? Por eso, después de ver este recorte presupuestario destinado a la educación, sostenemos que en realidad aquella calificación que realizó nuestra gobernadora de que “los pobres no llegan a la universidad” fue en realidad una expresión de deseo y, los números que hemos estado revisando, así lo demuestran.

*Profesor en Historia, Magister en Políticas Sociales (FLACSO), Docente UNLP. Twitter: @AColicignoOk