En noviembre pasado, luego de que se conocieran declaraciones públicas del líder de Quebracho, Fernando Esteche, donde había dicho que no había argumentos para meter presa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que si algún juez intentaba realizarlo "podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle incompetencia o podría aparecer muerto", el gobierno lo denunció penalmente.

Sus declaraciones sonaron fuerte en la política. El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich realizó la denuncia por intimidación pública y amenazas, algo que quedó desestimado los últimos días, ya que como contó el mismo Esteche, el fiscal Jorge Di Lello y el juez Sergio Torres decidieron cerrar la causa al entender que "no había delito en esas reflexiones".

"En el marco de unas reflexiones políticas que ofrecimos a un medio radial, el gobierno nacional nos inició una causa penal en la que pretendió procesarnos y condenarnos por intimidación pública y amenazas", relató el líder de Quebracho en el video al que accedió Diagonales.

Al hacer referencia a la causa, Esteche sostuvo que "lo que decía en esas reflexiones era que cualquier juez que se apartara de las intenciones y las órdenes que se les diera desde el Ejecutivo corría el serio riesgo de ser apartado de la causa, de ser llevado a juicio político, de que se le dicte incompetencia o demás".

El fiscal Di Lello argumentó que la expresión "muerte" fue "desafortunada e inoportuna en una sociedad sensibilizada por el caso Nisman" aunque señaló que "sólo se trató de una expresión desatinada o exorbitante en la medida en que pudo ser interpretada como una sugerencia de cursos a seguir en la hipótesis de la detención de la expresidenta".

Al desestimar la denuncia del gobierno nacional y según le dijeron fuentes judiciales a NA, el fiscal determinó que los dichos "no deben ser objeto de reproche, en tanto y cuanto resultan ser una mera descripción de un contexto político, constituyendo lo denunciado un recorte parcial y descontextualizado de esas manifestaciones, las que adolecen de entidad suficiente para transmitir ni un mandato, orden o mensaje alguno, ni conllevan una carga delictiva que quienes escuchen el mismo puedan verse conmovidos".

Finalmente, realizó críticas al Poder Ejecutivo en tiempos de Cambiemos y señaló que "cuando reconocen que nosotros no habíamos cometido delito, cuando es un secreto a voces que el gobierno nacional pretende llevar a juicio político a los camaristas que dictaron la legalidad y la legitimidad de la paritaria bancaria surge esta sentencia que aporta una pincelada de sensatez en el marco de un poder judicial que está claramente maniatado y expuesto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional".