La escena tiene más de diez años, pero no por eso resulta menos pintoresca. A principios de junio de 2010, el por entonces cardenal Bergoglio organizó un encuentro político que a la luz de los hechos de esta semana resulta de una amplitud insólita. Para el lanzamiento de una marca de producción textil “libre de trabajo esclavo”, bautizada No Chains, el Papa juntó para el acto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al referente del MTE, Juan Grabois, al titular de La Alameda, Gustavo Vera, y al asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Del cónclave participaron también legisladores de la izquierda y el peronismo, miembros del Poder Judicial de la Ciudad y representantes de distintas religiones. El evento tuvo carácter internacional y, como presentadora, a la periodista Mercedes Ninci.  

¿Qué hacía el operador macrista, hoy prófugo y con captura internacional, mezclado entre aquél variopinto de organismos de derechos humanos, referentes de ONGs contra la trata y cooperativistas de cartoneros?

La anécdota viene a cuenta de un detalle escabroso: según las crónicas de aquél acto “Pepín” encontró una silla vacía y se sentó al lado del asesor tutelar porteño Gustavo Moreno, quien un año antes, y junto al juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo, habían mandado a allanar una de las sedes del ministerio donde trabajaba Simón. Tanto Moreno como Gallardo forman parte del sector dentro de la justicia de la Ciudad que incluso hoy, una década después, el macrismo hace todo lo posible por sacarse de encima y ponerles un bozal, molesto con sus fallos y resoluciones. Gallardo ostenta el récord de más de 700 recusaciones; a Moreno buscan hace años restringirle sus funciones: la última intentona partió del despacho del Procurador porteño Juan Bautista Mahíques, ex representante de Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, ex ministro de justicia de María Eugenia Vidal en la Provincia.

Moreno y Gallardo habían mandado a allanar una de las oficinas del emblemático Edificio Del Plata (hoy propiedad del Grupo IRSA, del banquero Eduardo Elsztain), en Carlos Pellegrini 291. De allí recabaron buena parte de la prueba que más tarde derivaría en el procesamiento de “Pepín” en 2015 como director de una patota paraestatal que desalojaba a los golpes y a pura violencia a las personas en situación de calle de la Ciudad y que provocó la indignación de buena parte de la opinión pública porteña y hasta le implicó al propio Macri tener que presentarse más de una vez a declarar como imputado.

Como se ve, “Pepín” ya se arremangaba para hacer el trabajo sucio de sus jefes políticos mucho antes de haber acaparado de la atención pública esta semana, cuando pidió asilo político desde Uruguay, donde está refugiado.  

PEPÍN Y LA UCEP

Aquella patota fue creada por un decreto de Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno porteño, en 2008, y se llamaba Unidad de Control del Espacio Público, y se la conocía (y se le temía) en las calles como UCEP.

Aquél decreto, el 1232/08, establecía que el rol del comando sería el de “controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no ajustada a la normativa vigente” y “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público” y designaba a Pepín como “Administrador del Organismo Fuera de Nivel con carácter ad honorem”.

Ese mismo decreto también nombrada a Matías Lanusse como “coordinador” del organismo. Lanusse fue desde subsecretario de Aguas hasta titular del Instituto de Lotería y Casinos durante la gobernación de María Eugenia Vidal en la Provincia. Desde diciembre de 2019 se desempeña como titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Tanto Lanusse como Simón, como se ve, lejos de ser castigados por haber coordinado la patota, fueron más que premiados.

En la causa que cursó en el juzgado del juez Facundo Cubas hay unos 17 casos de violencia institucional denunciados por personas en situación de calle víctimas de la UCEP. En algunos de los testimonios todavía resuenan los golpes y las patadas:

-  “El 10 de octubre de 2009, siendo aproximadamente la 1:10 horas, alrededor de veinte integrantes de la repartición se presentaron en la calle Pasco al 1300, bajo el puente de la autopista 25 de Mayo, de esta ciudad, circulando en cuatro camionetas blancas y el camión compactador. Allí procedieron a despertar bruscamente, a los golpes, a C. y R.P., quienes se encontraban durmiendo en el lugar. Uno de los agentes tomó fuertemente del brazo izquierdo a C. y le dio un golpe de puño en su bajo vientre, mientras otro la intimaba a tomar sus cosas y retirarse del lugar”. 

-   “El 29 de julio de 2008, alrededor de las 2 horas, entre ocho y diez miembros de la U.C.E.P. se constituyeron en la plaza Malabia sita en Av. Santa Fe y República Árabe Siria de esta ciudad, e increparon a J. C. T. y F. A. D.,  quienes se encontraban durmiendo, diciéndoles levantate y tomátelas de acá, acá no se puede dormir, al tiempo que los insultaban y propinaban patadas en las piernas y costillas, y golpes de puño. Además, les sustrajeron los elementos que poseían (colchones, frazadas, una garrafa y una olla en la cual cocinaban)”.

Un informe firmado en 2009 por el CELS y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que aglutinó las principales denuncias, describe el accionar de la UCEP “en todos los casos, en una franja horaria que va desde las 23.00 horas hasta las 3 de la mañana”, con el objetivo de “desplazar a las personas de sus lugares de reposo”, en “grupos de diez personas o más, que amenazan, coaccionan y, en algunos casos, lesionan a las víctimas para lograr su objetivo”.

“En ningún caso –dice el informe– existen decisiones administrativas, mucho menos judiciales, que justifiquen la necesidad de liberar los espacios públicos donde pernoctan las personas que resultan víctimas de estos procedimientos”. A los “ranchadas”, la patota llegaba “en vehículos de diversas marcas, sin inscripción alguna que permita identificarlos como pertenecientes a dicha unidad, acompañados por camiones de recolección”.

El caso de una mujer embarazada, desalojada violentamente de la calle Pasco y Autopista, quien perdió su embarazo por los golpes, desató finalmente las denuncias penales, que recayeron también sobre el propio Macri y su ministro de Espacio Público de entonces, Juan Manuel Piccardo, reciclado más tarde como director de SBASE, la empresa estatal que regula el servicio del subte.

Ambos, Macri y Piccardo, zafaron del procesamiento, que sí alcanzó a Pepín y a Lanusse. Ambos presentaron su renuncia en marzo de 2009 al organismo, pero ya era tarde: llevaba seis meses operando y seguiría al menos otros seis meses más, con toda la estructura en funcionamiento. De hecho, otros seis miembros de la patota también fueron procesados por “lesiones leves” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La causa está hoy archivada.

-  “El 27 de febrero de 2009, alrededor de las 4 horas, personal de la Unidad de Control del Espacio Público intervino en el desalojo administrativo del inmueble sito en Av. Paseo Colón  de esta ciudad. En dicho contexto, y encontrándose presente F. J. R. S., personal de la Unidad forcejeó, tomó de los brazos y de los pelos a los ocupantes de la vivienda, que oponían resistencia, logrando despejar el acceso al predio y colaborando en la detención de éstos; encargándose del desalojo a las trompadas”.

El descargo de Macri, que debió declarar en 2011 (presentó un escrito) fue esperable: como jefe de gobierno no puede controlar todos los organismos que de él depende; ése fue el argumento para su absolución. Pero en el escrito dejó una perlita, respecto del término “usurpador” de la vía pública (osea, las personas sin techo). Sostuvo que el término, que figura en el decreto, “alude a quien ocupa ilegítimamente el dominio público, sin el permiso o concesión de la Administración, y que el Estado tiene el deber de velar por su conservación”.