Tras las supuestas amenazas recibidas por el fiscal Fernando Cartasegna, salieron a la luz una serie de irregularidades en el funcionamiento de la UFI Nº 4 de La Plata. El procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, afirmó esta mañana que disolverán la fiscalía que estaba a cargo de Cartasegna, quien actualmente se encuentra internado en un neuropsiquiátrico y procesado en la Justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de medios de prueba y falsedad Ideológica de documentos públicos".

En marco de la investigación que realizan desde principios de mayo las fiscales Ana Medina y Betina Lacki, se concretaron una serie de peritajes que podrían probar una manejos ilícitos que encabezaba Cartasegna, junto con su secretario Leandro Milone, un auxiliar letrado y personal administrativo de mesa de entrada de la UFI Nº 4. En esta línea, ayer el fiscal Álvaro Garganta procesó y citó a indagatoria a Cartasegna, quien goza de una licencia otorgada por la Procuración. 

Según explicó Conte Grand, la decisión de iniciar un sumario administrativo y un jury al fiscal "habilitan la posibilidad de suspenderlo en sus tareas, situación que a su vez permite la citación a la declaración indagatoria", dictada por Garganta.

Y contó que la decisión de disolver la UFI Nº 4 de La Plata fue propuesta por el fiscal general Héctor Vogliolo "esto se materializará hoy mediante una resolución que debe firmar él. Luego, habrá un proceso de recomposición de esa Unidad Funcional de Investigaciones, de manera que por el tiempo que dure la disolución las causas asignadas a la UFI 4 van a mantenerse distribuidas en otras UFI de La Plata".

Según supo Diagonales, la fiscalía de Cartasegna, no sólo tiene decenas de causas paralizadas, sino que además presenta manejos inusuales en allanamientos, más específicamente los vinculados a clubs nocturnos.

Los allanamientos encabezados por el fiscal terminaban con una serie de elementos secuestrados (dinero, celulares, bebidas, drogas, etc.) que nunca llegaban a la Secretaría de Efectos de la Fiscalía General allí sólo enviaban las armas secuestradas- y "desaparecían" de la UFI 4. 

También se identificaron una serie de órdenes de allanamiento autorizadas por el juez correspondiente que nunca se concretaron. Según fuentes internas, estos mecanismos podrían dar cuenta de la utilización de órdenes judiciales para "extorsionar" y recibir coimas de dueños de prostíbulos.